Con todo, ha quedado menos advertido que años anteriores, cuando tuvo señalamientos por hasta 19 mil 054 mdp en 2016 y 15 mil 833 en 2015, o de mil 020 y mil 778 en 2017 y 2018, bajando a 548.3 en 2019 y 157.3 en 2020, es decir, 69 y 91 por ciento menos en comparación.
La Contralora aseguró que parte de estos efectos obedece al Sistema de Control Interno que dejó de funcionar sólo en el papel, pues ahora solicitan información de los entes ejecutores previo a remitirla a la Auditoría, trabajando en mesas de gestión de riesgos y capacitando a más de mil 300 enlaces con dependencias.
Dijo que a partir del informe la ASF tiene 10 días para enviar al Gobernador un oficio del estado que guarda la administración, contando ésta con 30 más como etapa de aclaraciones, y otro lapso de 120 en que el órgano federal concluye su estudio o inicia la investigación que termina en responsabilidades a los servidores públicos.
“Hemos trabajado en equipo; la Contraloría ya no es amenaza sino una aliada para que nos comportemos y cumplamos los objetivos institucionales en servicio de la ciudadanía”, concluyó la servidora pública.
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