Quiera verse por donde se quiera ver, lo importante de las recientes declaraciones vertidas por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso y de la titular del ORFIS Delia González Cobos dan la confianza de que al menos por esta vez, los pillos que le hayan metido la mano al cajón van a pagar con cárcel su osadía.
Y es que lo dicho por ambos personajes no es más que la pura verdad, el tráfico de influencias existe y si hoy hay la intención de abatirla, es el mejor momento pues es sabido que el manejo de los recursos públicos no ha sido ni el esperado ni el prometido por el nuevo régimen de la 4T.
No es un secreto que no pocos alcaldes y funcionarios públicos se han pasado la Ley de Obras Públicas, el Código Financiero por el arco del triunfo.
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Y si a lo anterior, se le añade que Federico Salomón Molina, dirigente estatal del PAN ha metido su cuchara, con inventos o no, pero ya puso en tela de juicio que lo dicho por el diputado Gómez Cazarín y Delia González Cobos sea tan serio como pretendieron hacerlo ver.
Es decir, todo abona, con tal de que se abata de una vez por todas con el tráfico de influencias.
El tema se ha calentado a tope, debido a que la próxima semana se dan a conocer los resultados del informe de la cuenta pública 2021, por parte del Órgano de Fiscalización Superior, y como cada año, y es normal que surjan las voces que señalen, critiquen y aseguren que ya hicieron su aparición los ‘cabilderos’ mejor conocidos como viles coyotes.
Pero quien dice tener pruebas sin presentarlas fue el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, quien comentó que varios de los ex alcaldes que militan en su partido, recibieron mensajes de “intermediarios”, quienes les ofrecieron dinero, a cambio de limpiar sus cuentas públicas.
El tema pendiente es que Federico Salomón cumpla su palabra, pues de no hacerlo será cómplice de lo que acusa pues habló de la existencia de extorsiones, delito que es tipificado.
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