Por ello promovió el amparo, donde un Juez Federal le concedió ordenar a la Secretaría de Seguridad Pública, a cesar todo acto de tortura y de incomunicación.
Marlon Botas consiguió que el Juez Federal le diera la razón y emitiera de inmediato la resolución, para que se le brinden las condiciones de respeto a sus derechos humanos.
Por si fuera poco, se ordenó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que investigue esta situación y en caso de confirmarlo, actúe en consecuencia.
Pareciera que un presunto feminicida tiene más derechos que su víctima, pero es parte del sistema jurídico mexicano, a veces poco entendible. |