En este sentido, el Orfis sustanció el procedimiento de fiscalización superior respecto de la gestión financiera del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organismos autónomos, Universidad Veracruzana, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, municipios y entidades paramunicipales.
Con respecto al Poder Ejecutivo, derivado de las auditorías financiera y técnica a la obra pública, en tres dependencias y 31 organismos públicos descentralizados, se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por 189 millones 899 mil 820 pesos.
En el caso del Poder Judicial, no se detectó irregularidad alguna que haga presumir la existencia de un presunto daño patrimonial, pero sí inconsistencias que dieron lugar a recomendaciones. Resultados similares arrojó la auditoría a los organismos autónomos, a la Universidad Veracruzana y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Las auditorías realizadas al Instituto Veracruzano del Deporte correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 arrojan la detección de irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por 33 millones 390 mil 140 pesos y 3 millones 933 mil 157 pesos, respectivamente, además de inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, en ambos casos.
Por cuanto hace a los municipios, en 205 de éstos, fueron detectadas irregularidades en la actuación de servidores y exservidores públicos que hacen presumir la existencia de un probable daño patrimonial por un monto de 2 mil 668 millones 433 mil 822 pesos, así como inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.
En las cuentas públicas de los siete municipios restantes (Agua Dulce, Coatepec, Ixhuatlán del Café, Nogales, Soledad Atzompa, Tonayán y Totutla) no se detectó irregularidad que haga presumir la existencia de un probable daño patrimonial, pero sí inconsistencias administrativas. Situación similar a la de cuatro entidades paramunicipales: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coscomatepec, Instituto Municipal de la Mujer de Jalacingo, Instituto Municipal de la Mujer de La Antigua y Foro Boca.
En cambio, en quince entidades paramunicipales, fueron detectadas irregularidades en la actuación de servidores y exservidores públicos que hacen presumir la existencia de un probable daño patrimonial por 82 millones 151 mil 047 pesos e inconsistencias de carácter administrativo.
Respecto a las auditorías y revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, en 203 municipios no se detectaron irregularidades en la actuación de servidores y/o exservidores públicos; sin embargo, en nueve municipios se advierten observaciones por 97 millones 469 mil 036 pesos.
De acuerdo con el documento, en 15 entidades paramunicipales no se detectó irregularidades, pero sí inconsistencias de carácter administrativo.
Tampoco se detectaron irregularidades en las auditorías integrales (legalidad, de desempeño, deuda pública, obligaciones y disciplina financiera) realizadas a tres entes estatales, que son Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública.
Los posicionamientos
En los posicionamientos, por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña, consideró que, al verificarse la variación de 11.7 por ciento del resultado que arroja la segunda revisión en comparación con la presentada el 30 de septiembre, es evidente que el Orfis debe replantear su actuación y ajustarse estrictamente a lo que la normativa le ordena.
El Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia hizo un llamado al Órgano de Fiscalización “para que se comporte con la honestidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas y austeridad, imperantes en las instituciones del Estado”.
Posteriormente, el diputado Ramón Díaz Ávila manifestó que el dictamen de las Cuentas Públicas 2021 es un llamado a las autoridades actuales a conducirse con responsabilidad en el manejo de recursos públicos. Dijo que “si bien no estamos en contra de que los entes públicos contraten los servicios de estos despachos, sí lo estamos a que lo hagan con quienes cuenten con la mayor experiencia en temas de fiscalización”.
Al expresar el sentido de su voto, desde la tribuna, la diputada Citlali Medellín Careaga reconoció el trabajo de la Comisión de Vigilancia de los entes fiscalizables y del organismo fiscalizador, y se pronunció por el derecho de solventación del que, dijo, deben gozar todos los municipios.
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