El entrevistado exigió al Juez Adalberto López Pozos se excuse y decline conocer de la demanda de nulidad de juicios concluidos que fue turnada al Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Orizaba, quien basó su sentencia en otra sentencia del Juez Sexto de Primera Instancia en la que no somos parte.
Fundamentó su petición porque el citado togado continúa siendo el mismo Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia y favorece en una sentencia al mencionado empresario y al señor Alex Cruz Lara, que ilícitamente ordenó cancelas las escrituras públicas de las parcelas en cuestión.
Recordó que a principios de abril del año en curso empleados del ayuntamiento de Orizaba, a la orden del citado empresario, entraron violentamente con maquinaria pesada a las parcelas de su propiedad y con maquinaria pesada, los obligaron a salir de sus viviendas y de sus parcelas, para luego derribarlas.
La acción del mencionado la justificó colocando una placa metálica autorizada por SEDEMA (secretaria de medio ambiente) simulando llevar una orden de la suprema corte que se negó a mostrar.
El afectado, refirió que hay simulación de juicios fraudulentos, para despojar de sus propiedades a más de 50 familias de dos parcelas adquiridas legalmente, siendo las primeras compraventas con dominio pleno, adquiridas con el consentimiento de los legítimos titulares de Atzacan, Ver. dando cumplimiento a las leyes agrarias.
“Estas parcelas se adquirieron de manera legítima, ante la fe de notario público. Somos legítimos propietarios de nuestras parcelas, adquiridas para el proyecto de lotificación de interés social y que con esfuerzo logramos, con recursos propios y permisos del Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz, construir las banquetas al frente de nuestros inmuebles”, añadió.
Recordó que en el expediente 781/2018, el Juez Adalberto López dictó sentencia que ordena cancelar las dos escrituras públicas, basando su criterio en una sentencia del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con pruebas ilícitas del juicio 1208/2018, con la presentación de dos simples contratos privados simulados y fraudulentos por personas ajenas a las parcelas.
Es por ello que se está demandando también la intervención del Consejo de la Judicatura para que atienda esta situación irregular que está dañando a los legítimos propietarios, con sentencia antijurídicas y que atentan sus garantías individuales.
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