Al respecto, la presidente Claudia Sheinbaum decide no creer esas cifras (“yo tengo otros datos”, ¿recuerdan?):
“Afortunadamente, la percepción de la gente es distinta. ¿Cómo puede explicarse que la recaudación se duplicó casi del 18 al 24 sin una reforma fiscal? Se acabaron los privilegios, se acabó la corrupción, todavía hay espacios ahí donde todavía podemos seguir rescatando recursos. Pero hubo un avance muy importante”.
El propio López Obrador daba su aval a las cifras que presentaba esa organización internacional. En enero de 2019, a unos meses de haber asumido el cargo, las ponía de ejemplo:
“Vean lo de Transparencia Internacional, cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir y cómo estamos ahora en el mundo. Es de los países, México, desgraciadamente, con más corrupción”.
Ya para enero del 2024, cuando faltaba menos de un año para cumplir su mandato, presumía sus avances en la materia:
“No hemos permitido que se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo… ¿Cuánto hemos ahorrado por no permitir la corrupción? Varios billones de pesos, nada más. Tengamos en cuenta que ahora el gobierno está destinando 2 billones 700,000 millones de pesos para programas de bienestar. Eso, nunca en la historia se había visto. Y todo ese dinero se ha obtenido porque ya no hay corrupción”.
Transparencia Mexicana señaló que hay cinco elementos fundamentales que explican el bajo desempeño del país en el índice:
Incertidumbre sobre reformas anticorrupción y al Poder Judicial; impunidad en casos emblemáticos, como los casos de Odebrecht, Agronitrogenados, la Estafa Maestra y Segalmex.
Bajo nivel de sanciones administrativas: De las 3,350 responsabilidades administrativas iniciadas desde 2017, sólo el 8.4% han resultado en sanciones; corrupción vinculada al crimen organizado, y empresas “fantasma” en contratos gubernamentales.
El estado de Veracruz es un ejemplo de malas prácticas de gobierno que tienen que ver con la corrupción.
La administración de Cuitláhuac García fue señalada por el desvió de más de 5 mil millones de pesos mediante un esquema fraudulento en el que habrían participado al menos 227 empresas “fantasma”, que lucraron en sectores estratégicos como salud, educación y desarrollo social.
Quizá todavía sea pronto, pero hasta la fecha el gobierno de Rocío Nahle no ha mostrado acciones que tiendan a investigar -y en su caso sancionar- los casos de corrupción denunciados del gobierno que la antecedió.
Esperemos.
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(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA") | 
