Citan datos del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según el cual, el 23 por ciento de las personas usuarias de internet en Veracruz reportó situaciones de ciberacoso durante ese año, lo que coloca a la entidad como la sexta con mayor prevalencia en el país.
Además, denuncian que el anonimato de los perpetradores propicia la impunidad, lo cual –señalan- impone la necesidad no solo de legislar, sino también de fortalecer las capacidades de investigación, inteligencia y procuración de justicia en materia de ciberdelincuencia.
Las y los proponentes consideran necesario adaptar la legislación local a estos desafíos y dotar a las instituciones de las herramientas jurídicas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones de violencia digital que afligen a la sociedad veracruzana.
El proyecto señala las obsolescencias y lagunas legales frente a la naturaleza evolutiva y las particularidades de la violencia digital, lo cual –consideran- permite a los depredadores sexuales operar en las sombras durante las etapas tempranas de su interacción. Se necesita, por tanto, una actualización legislativa que adopte un paradigma preventivo y que reconozca las dinámicas específicas de la comisión de ilícitos en línea.
Ante todo lo anterior, la estrategia que prevé la Iniciativa consiste en criminalizar las conductas específicas de los usuarios y robustecer las estrategias alternativas de protección infantil que se encuentran dentro de las facultades y capacidades del Estado: educación, prevención, concientización y empoderamiento digital.
Con la adhesión de la diputada Elizabeth Morales García y del diputado Ramón Díaz Ávila, esta Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.
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