Querían orden en la educación veracruzana, pero ahora que Claudia Tello metió la mano, los sindicatos levantaron la voz para que sus maestros protegidos no pierdan la comodidad de vivir en las zonas urbanas. Y no por injusticia, sino porque se les acabaron los privilegios.
La política de “Maestros a sus aulas” tocó fibras sensibles: plazas intocables, comisiones eternas y docentes que cobraban sin pisar la escuela. Como no pueden enfrentar la medida de frente —porque hay razón legal y social—, ahora simulan cumplir. ¿Cómo? Presionando alcaldes para que, con recursos municipales y fuera de la ley, contraten suplentes locales mientras los “protegidos” siguen cómodos en la ciudad, cobrando sin dar clase.
La otra jugada es más burda: enrarecer el ambiente en comunidades alejadas, mover a padres de familia y colocar cartulinas acusando a la gobernadora Rocío Nahle y a la secretaria Claudia Tello de encubrir a maestros faltistas. Justo lo contrario de lo que ocurre. La estrategia es clara: culpar al gobierno para forzar una negociación que les devuelva la impunidad perdida.
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