Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Fiscal General de Veracruz
Fuente: Fiscalía General del Estado de Veracruz
La agenda del organismo ha volcado cifras concretas sobre la mesa. A diario se acumulan expedientes e investigaciones por fraudes inmobiliarios, extorsión, abusos de autoridad —con alcaldes en la mira—, secuestro, y varios delitos más, muchos de ellos con sentencias en firme.
Notarios y fe pública en el banquillo
La prisión preventiva impuesta a Fernando “N”, notario público de Catemaco, ilustra la dimensión del problema inmobiliario. El caso pega de lleno en una institución creada para dar certeza jurídica y que terminó convertida, en más de un caso, en correa de transmisión del despojo.
La inercia de este fenómeno obliga a revisar el origen: quiénes entregaron los fiats (autorización oficial) y repartieron notarías a perfiles de dudosa reputación. El dicho popular lo sintetiza con precisión: tan peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata.
La omisión de ayer frente a los hechos de hoy
En paralelo, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión inhabilitó 635 líneas telefónicas utilizadas para delinquir tan solo durante el mes de agosto.
Ambos frentes reflejan el tamaño del rezago institucional. Ante la operatividad actual, la disyuntiva para quienes gobernaron antes es muy simple: ¿carecían de recursos para combatir el delito, no tenían capacidad técnica o faltaba la decisión política para no perjudicar a sus aliados?
Si el marco legal permite actuar hoy, toca a los críticos de siempre explicar por qué mantuvieron los brazos cruzados. La justicia no se amolda al color del sexenio ni al cargo del imputado; las omisiones pasadas también conllevan corresponsabilidad. | 
