El leído columnista Ricardo Chua destaca la labor de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y pone sobre la mesa un dato que merece atención: 12 sentencias condenatorias, un fallo condenatorio y 55 vinculaciones a proceso en tan solo un fin de semana.
El caso del cartel inmobiliario es particularmente sensible: familias que durante años buscaron recuperar lo que consideran suyo y que ahora ven avanzar investigaciones contra presuntos responsables encuentran un motivo de esperanza.
De la excepción a la constante institucional
Más allá de un caso en particular, hay una tendencia que comienza a consolidarse en el órgano autónomo: las cifras positivas de resolución judicial se siguen repitiendo de manera periódica.
Efectividad operativa: Cuando los resultados dejan de ser un evento fortuito y se vuelven rutinarios, el indicador apunta a un cambio sistemático en las investigaciones.
Certeza jurídica: La persecución de delitos patrimoniales como el fraude inmobiliario responde a una demanda social histórica en la entidad.
Acreditar con hechos, no con discursos
La Fiscalía tendrá que seguir demostrando con hechos lo que las métricas comienzan a proyectar: que la procuración de justicia no se anuncia en micrófonos, sino que se acredita mediante el debido proceso y sentencias firmes.
Vale la pena revisar la columna completa de Ricardo Chua, pues la magia está de los detalles. | 
