La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir la nacionalidad mexicana exclusiva a quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México encendió de inmediato el debate político.
La propuesta busca que quien posea otra nacionalidad deba renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidato. Asimismo, establece que durante el ejercicio del cargo el gobernante no podrá adquirir otra nacionalidad ni acogerse a la protección diplomática de un gobierno extranjero.
El argumento de soberanía frente al cálculo político
El argumento oficial se centra en la soberanía nacional: un gobernante debe tener como único interés y lealtad a México, desempeñando el cargo con compromiso pleno y sin redes de protección en el exterior.
Sin embargo, el fondo de la discusión divide posturas: una cosa es el sustento jurídico de la norma y otra el uso político que los partidos puedan darle a la reforma para desgastar a adversarios concretos. El tema cuenta además con antecedentes históricos relevantes; en 1994 se modificó el artículo 82 constitucional para permitir que bastara ser hijo de padre o madre mexicanos, abriendo la puerta a mexicanos nacidos en el extranjero.
El escenario legislativo y la coyuntura internacional
La interrogante central gira en torno a si la doble nacionalidad representa un riesgo real para la seguridad nacional o si la reforma responde a una coyuntura con destinatarios específicos. La percepción ciudadana tampoco es uniforme, articulándose en un contexto marcado por la retórica política en la relación con Estados Unidos.
El proyecto aún no tiene un camino sencillo en el Congreso de la Unión. Su aprobación requerirá consensos amplios, especialmente si las fuerzas aliadas a la mayoría buscan negociar el sentido de sus votos en el marco de la agenda legislativa de fin de año. El debate en tribuna dejará ver la solidez de los argumentos de cada bancada. | 
