El pasado 16 de diciembre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó el aumento al salario mínimo propuesto por el presidente, con un incremento del 15 por ciento, por lo que ahora la cifra es de 141.70 pesos diarios a escala nacional y 213.39 pesos diarios en la frontera norte. Esto, a pesar de la negativa de todo el sector empresarial, pues acusan que la medida no se ajusta a la realidad económica del país.

Tanto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidieron en que dicha medida abre el riesgo de que por lo menos 700 mil empresas deban cerrar en los próximos tres meses. Lo anterior debido a que «se arroja toda la carga del incremento a millones de microempresarios, por lo que combinado con la aceleración de contagios por covid-19, es inminente la quiebra de miles de negocios y, por lo tanto, la pérdida de todavía más fuentes de trabajo», expresó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

Por su parte, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, defendió la medida argumentando que el país subió ocho posiciones a nivel mundial en cuanto a salario mínimo se refiere, quedando en el sitio 76 de 135. Además de señalar que con dicho aumento «se recupera el poder adquisitivo de los que menos tienen», al detallar que por primera vez se incluyen a trabajadoras del hogar y jornaleros.

Ahora bien, ¿es bueno o es malo que aumente el salario mínimo? En primera instancia, es necesario entender que este concepto no es más que una medida de regulación fiscal, es decir, no le sirve al trabajador, le sirve al Estado. Usemos dos ejemplos: en el primero tenemos a las trabajadoras del hogar, donde la mayoría gana más de 200/250 pesos por día de trabajo. La medida de incluirlas en esta regulación les perjudica, pues el salario mínimo es menor a lo que normalmente perciben a través de un acuerdo entre ellas y su patrón.

En el segundo ejemplo tenemos a un mesero, en donde la mayoría percibe menos de 130 pesos por día de trabajo, por lo que parecería que el aumento al salario mínimo les beneficia, pero esto no es así. Los trabajos que un mesero realiza, por mucho que sean necesarios, no valen lo que el salario mínimo actual obliga al patrón a pagar, por lo que este último tiene dos opciones, aumentar la carga laboral al mesero o despedirlo y quedarse con menos personal para poder cumplir con dicha obligación. En cualquiera de los casos, el trabajador es el más perjudicado. 

Lo anterior sucede por una sencilla razón, el mercado. Este, por más que los gobiernos quieran controlarlo, se regula solo, pues el valor de la relación entre productor/consumidor, patrón/empleado, oferta/demanda y calidad/precio es subjetivo. Cuando un producto o servicio sale a la venta, lo hace con un precio establecido mediante estudios de mercado, esto significa que, si un emprendedor espera que su producto o servicio prospere, debe tomar en cuenta la opinión y percepción de la gente a la cuál va dirigido dicho producto o servicio.

Por esta misma razón es que en países como Suiza, Dinamarca, Italia, Finlandia, Austria y varios más, no existe la regulación del salario mínimo, pues es contraproducente tanto para las empresas como para los trabajadores, siendo el Estado el único beneficiado por dicha medida. ¿Cómo se beneficia el gobierno de esto? Muy sencillo, ente más alto es el salario mínimo, más alto es el impuesto por trabajar y menos dinero recibe el trabajador. 

De esta manera, volvemos a recibir una noticia populista por parte de este gobierno, anunciando mejorías para todos, en especial para los pobres, cuando la realidad arroja (como ya es costumbre) otros datos…

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