Entre los aspectos centrales del análisis de S&P Global Ratings se establece que “la política de liquidez del Gobierno estatal es aún deficiente, ya que no cuenta con una estrategia explícita u objetivos formales”. Considera que especialmente” la planificación de largo plazo es limitada, lo que se refleja en demoras para implementar reformas estructurales”.
Además de que el Estado carece de un plan de inversión realista, con metas claras para proyectos y “se ha demorado en tomar medidas para corregir la creciente presión generada por su sistema de pensiones cuyos gastos crecerán alrededor de 3% de sus ingresos operativos en 2020 y, de no llevarse a cabo ninguna reforma, pesarían cada vez más en el presupuesto estatal”.
En su opinión se requiere que la administración estatal genere confianza, garantice el respeto al ejercicio de la ley y mejore el entorno de negocio, para lo cual “es indispensable afrontar las altas tasas de delincuencia, para aumentar la confianza de los inversionistas y beneficiar el crecimiento económico en los siguientes años”.
De acuerdo con las proyecciones de la calificadora, “los resultados en materia de finanzas públicas, hasta el momento no alcanzan para mejorar la débil liquidez del Estado en los siguientes dos años, lo que obligará al Estado a seguir recurriendo a deuda de corto plazo para financiar necesidades de liquidez hacia fin de año”.
Finalmente, el informe de la calificadora señala que los estándares contables siguen siendo débiles y con riesgos fiscales dado el alto pasivo contingente que podrían alcanzar hasta 27% de los ingresos operativos, aunque es todavía incierto el monto total que podría impactar en las cuentas del Estado.
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https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventoca/eventoca_1059732_2.pdf |
