La condición que actualmente atraviesa el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cada día tiene más cuestionamientos.

Los asesinatos de los periodistas hablan de la ineficiencia de la dependencia que simplemente no cumple con su función. Los funcionarios que echaron a andar este proceso de protección siguen ahí a pesar de los asesinatos, los señalamientos, las críticas y la descalificación de sus propias tareas.

La inconformidad de los comunicadores llegó a la conferencia matutina del Presidente a través de Paul Velázquez, periodista de Los Mochis, Sinaloa, quien señaló que se abría la posibilidad de que Julian Assange, programador, periodista y activista de internet pudiera ser resguardado de las amenazas de los enemigos de la libertad de expresión de varios países, pero que primero debía garantizarse la integridad de los comunicadores mexicanos. Mientras esto no sucediera no puede invitarse a nadie salvaguardar su vida en nuestro territorio.

Lo cierto es que la misma actitud de sobrevivencia que ha adoptado Julian Assange la realizan periodistas mexicanos como Lydia Cacho, Anabel Hernández, Jesús Lemus, entre otros, que han sido amenazados de muerte y en muchos casos están plenamente identificados los delincuentes sin que se actúe contra ellos por falta de pruebas, de tiempo, de intención o cualquier invención de una Fiscalía que pareciera trabaja para los del pasado.

Los que sí trabajan para intereses oscuros son los directivos del propio Mecanismo, porque removieron a quien encabezaba el Mecanismo, Aarón Mastache, como si fuera un ejemplo de funcionario público y lo enviaron como una joya administrativa a Conagua, quedando en su lugar alguien peor, Jorge Ruiz, quien es el director de una Junta de Gobierno que no se mueve y pareciera estar más cerca de la complicidad de las agresiones que de la protección a los comunicadores. Por su parte, otro funcionario que pareciera celebrar la violencia contra los comunicadores es Cristian de la Rosa, titular de Análisis de Riesgos, a decir del compañero Paul Velázquez, deben ser removidos a la brevedad.

Añadió que desde hace meses denunció la corrupción que existe en el Mecanismo a través de la contratación de la empresa RCU que, asegura, monopoliza el dinero y el Mecanismo sólo obedece. Aseguró que dicha empresa está estrechamente ligada a los intereses personales del expresidente Felipe Calderón y su policía consentido, ahora detenido en Estados Unidos, Genaro García Luna, y a pesar de estas denuncias nada se hace por transformar a fondo y con responsabilidad a quienes manejan ese mecanismo y cancelar los contratos firmados con delincuentes, que son quienes toman las decisiones respecto a este Mecanismo que debía convertirse en un dique de contención a las cotidianas agresiones a los periodistas.

Ante el presidente de la República, Paul Velázquez recordó que han asesinado a periodistas aún dentro de los protocolos de Mecanismo, razón por la cual es necesario que huyan del país para evitar el asesinato.

Porque han torturado periodistas, desaparecido a sus familias, incluso a algunos les han dado el tiro de gracia.

Anteriormente se criminalizaba de inmediato a las víctimas tratándose de periodistas, se le vinculaba automáticamente con el narcotráfico, pero en este periodo ni siquiera se habla de acciones contundentes y responsables para proteger la vida de los periodistas.

Insistió Velázquez en que a él no le gustaría dejar México, “Pero hay un constante abuso, amenazas y hostigamiento de parte de Jorge Ruiz y Cristian de la Rosa del Mecanismo de Protección, del capitán Valverde, de la empresa RCU y ya se está tratando de retomar el proceso para el asilo político en el extranjero”.

Las herramientas que el Mecanismo otorga no sólo es un juguete innecesario, sino posiblemente un aparato para ubicar a los periodistas y conocer sus momentos y espacios más vulnerables.

Los resultados en verdad son lamentables, se ha denunciado desde diferentes medios la ineficacia y corruptelas de los miembros del Mecanismo y pareciera que gozan de impunidad porque siguen ejerciendo el poder y los comunicadores siguen cayendo en las calles y en sus casas, dejando decenas de huérfanos, sin que haya poder humano que despida de esos cargos a los corruptos y los ineficientes, que a veces son eficientes porque son corruptos.

El mecanismo no resistiría un informe anual de actividades sin verse en la necesidad de encarcelar a más de uno de los integrantes de su Junta de Gobierno. PEGA Y CORRE. - Resulta por demás contradictorio el hecho de que se cierren los restaurantes, cuando se permite que en las líneas aéreas viaje un pasajero junto al otro en un espacio de 40 centímetros, hombro con hombro. Pero lo peor es que en la Ciudad de México donde cierran esas fuentes de trabajo, no hay la mínima posibilidad de denunciar fiestas a las autoridades. Porque los vecinos se quejan de que no sólo en fines de semana, sino entre semana, hay fiestas de nutrida concurrencia sin que haya un teléfono donde puedan denunciar el hecho. Si se detiene una patrulla para que haga algo, lo más que llegan a hacer es sacar su magna voz y decir que las fiestas están prohibidas y se retiran del lugar sin saber siquiera si son escuchados. No existe un solo mecanismo para denunciar fiestas en la ciudad de México y mucho menos castigo para estos focos de contagio que impiden que se erradique la pandemia… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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