En una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad entre los primeros casos que se analizan está el de la refinería de Dos Bocas, a cargo de la zacatecana secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle.
A través de una invitación restringida, Grupo Huerta Madre, una empresa de Arturo Quintanilla Hayek —compadre reconocido de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía— consiguió un contrato por 4,968 millones de pesos, para acondicionar los terrenos de la refinería de Dos Bocas (“Da súper negocio…”, 2020). Nahle negó la información difundida por diversos medios en mayo de 2020 y señaló que se trataba de mentiras y calumnias. Sin embargo, el contrato disponible públicamente mostraba la adjudicación al consorcio conformado por Van Oord de México y Grupo Huerta Madre.
La normatividad bajo la cual Pemex realiza sus contrataciones se conoce como Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas. En este marco normativo se estipula que los concursos abiertos deberían ser la vía general de contratación; sin embargo, sólo uno de cada tres contratos es asignado bajo este mecanismo, como lo demostró una investigación de MCCI (“Riesgos de corrupción…”, 2020).
Una excepción para realizar adjudicaciones directas o invitaciones restringidas corresponde a la urgencia de la adquisición o al alto grado de especialización y experiencia que se necesita para realizar la tarea. Sin embargo, Grupo Huerta Madre se había creado una semana antes de participar en el proceso de contratación y la experiencia previa del empresario Quintanilla Hayek era en bienes raíces, construcción y comercialización de herramientas. Esta compañía tampoco figuraba previamente como proveedora de Pemex o la Secretaría de Energía.
Diversas denuncias se presentaron ante la Secretaría de la Función Pública por las presuntas irregularidades del contrato entre Pemex y Grupo Huerta Madre, acusando que fue asignado gracias a amiguismos y compadrazgo (“El PAN denuncia…”, 2020). Incluso el Consorcio Boskalis, otra de las empresas que acudió a la invitación restringida, impugnó la entrega del contrato a la empresa de Quintanilla Hayek argumentando que carecía de capacidad para realizar los trabajos operativos necesarios, por lo que no cumplía con la idoneidad requerida.
La asignación de este contrato podría violar el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas, que exige imparcialidad, idoneidad y honradez en las contrataciones públicas. Se desconoce el avance de la denuncia interpuesta ante la SFP, pero aún no existe ningún tipo de sanción y el contrato continúa vigente.
En la presentación del trabajo de investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se explica En la primera sección se seleccionaron 9 casos y 8 personajes que reflejan las formas de corrupción más comunes de la actual administración: nepotismo, falta de transparencia, abuso de poder, desvío de recursos, conflicto de interés, contrataciones públicas opacas y contratación de empresas fantasma. Aunque no es un recuento exhaustivo de todos los escándalos de corrupción que han surgido en los últimos dos años, si es una lista de los más relevantes y representativos. La importancia de este recuento recae en dos aspectos:
• La posibilidad de comparación con los escándalos del sexenio anterior para analizar si la corrupción sigue presentándose con los mismos mecanismos y/o nuevos esquemas
• Para evaluar qué tan efectivas han sido las acciones anticorrupción del gobierno para combatir estos fenómenos.
Los resultados de la visión de este gobierno son palpables. Aun cuando el discurso presidencial repite que la corrupción ha sido desterrada, la realidad muestra una cara diferente.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, la tasa de prevalencia de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por los mexicanos pasó de 25,5441 por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30,456 en 2019, un incremento de 19.2%. La impunidad también continúa como un problema lacerante para la sociedad, pues la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2020 identificó que la cifra negra de delitos sigue siendo alarmante: 92.4% de los delitos cometidos no fueron denunciados o no se investigaron por la autoridad. Y entre los delitos que sí se denunciaron, en 44.5% de los casos no pasó absolutamente nada.
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