Creado en la administración del ex gobernador Miguel Alemán Velasco, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) estuvo a punto de ser desaparecido en 2005, al inicio del sexenio de su sucesor Fidel Herrera Beltrán, el cual tenía fuertes diferencias políticas con el auditor general fundador René Mariani Ochoa, quien siempre trató de hacer valer la autonomía del ente fiscalizador.

El argumento de Herrera era que el ORFIS resultaba ser un aparato muy costoso para el Estado ya que era poco lo que lograba recuperar de los desvíos de recursos detectados en dependencias estatales y ayuntamientos. El priista cuenqueño pretendía rescatar el Departamento de Contaduría y Glosa del Congreso local que anteriormente se encargaba de auditar las cuentas públicas municipales y del gobierno del estado. Sin embargo, finalmente se contuvo.

Pero ahora ha trascendido que, de manera unilateral, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, pretende dar por terminada la coordinación con las auditorías superiores locales para revisar los recursos federales ejercidos por los estados, lo que implicaría que los órganos superiores de fiscalización estatales no podrían auditar el gasto cuando los recursos provengan de la Hacienda federal.

Veracruz, por ejemplo, recibe anualmente en transferencias federales etiquetadas  más de 67 mil millones de pesos, casi el 53 por ciento del presupuesto de egresos que ejerció en 2020 y que ejercerá este año.

Esta pretensión del titular de la ASF ha sido cuestionada por algunos auditores estatales. Jesús Moya, por ejemplo, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora, consideró que este planteamiento es contrario al espíritu que mandata el Sistema Nacional de Fiscalización, “porque éste establece la necesidad de la coordinación de los entes de fiscalización del país tanto del ámbito estatal como del federal”.

“Precisamente, para optimizar los esquemas de fiscalización, evitar duplicidad en los procesos de fiscalización y tener un mayor alcance de la fiscalización en el país para que sea más eficiente”, indicó el también coordinador de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental Zona Norte.

Y es que la propuesta del Auditor Colmenares busca convertir a la ASF en el único ente de fiscalización superior del país en auditar los recursos transferidos a las entidades, que este año suman 1.9 billones de pesos, lo que limitaría la capacidad de revisión, pues se desaprovecharía recursos humanos y materiales que poseen las 32 auditorías locales.

Otros auditores estatales cuestionan la legalidad de la medida, debido a que quien notificó la pretendida terminación del convenio es el director general Jurídico de la ASF, Heladio Ramírez, y no el propio Auditor Superior, además de que, en algunos casos, las leyes locales los facultan para fiscalizar los recursos independientemente si su origen es federal o local.

El oficio les fue remitido hace apenas tres meses, en diciembre pasado, y, en él, Ramírez solamente les comunica que se da por terminado el convenio, invocando la facultad de la ASF para fiscalizar directamente los recursos, según “las atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, relativas a su autonomía técnica y de gestión; a su facultad para fiscalizar directamente los recursos federales administrados o ejercidos por órdenes de gobiernos locales”.