Prefacio.

La reportera especializada en temas económicos, Jeanette Leyva, tocó este martes un tema interesante en el espacio editorial de El Financiero. *** “Todo indica que viene un nuevo capítulo de tensión entre legisladores y sector bancario, Sofomes y otros vehículos financieros y que estará relacionado con los créditos de nómina”, advirtió. *** “Este es un jugoso negocio en el que todo mundo quiere estar, y donde ha habido de todo, incluso muy malas prácticas. Ejemplos hay muchos, empresas que se constituyen y que por ser amigos o compadres del funcionario municipal o estatal en turno, se convierten en el vehículo ‘oficial’ para dar créditos carísimos a los trabajadores”, agrega. *** “Otros donde desembocaron en graves problemas para los acreditados, pues el gobierno en turno descontaba el monto del crédito e impuestos al trabajador, mismo que no pagaba a la empresa que había otorgado el crédito de nómina y el trabajador era reportado de manera negativa en el Buró de Crédito. Ese problema se dio en muchos estados y municipios, ahí Veracruz y Acapulco fueron el mal ejemplo hace unos años”. *** Este es un tema, dice, que será atendido muy pronto: “Ahora hay un proyecto de decreto que está en la Cámara de Diputados, donde se reforman diversas disposiciones de las leyes de Títulos y Operaciones de Crédito, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y que ya fueron aprobadas por el Senado donde se busca ‘ordenar’ la forma y a quienes dan crédito de nómina a los trabajadores”. *** ¿Les suenan nombres como “Etesa”, o “Intermercados” o, incluso, el mecanismo financiero de Chedraui bautizado como “Consupago”? El agio institucionalizado.

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No hay duda alguna de que durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares se cometieron múltiples arbitrariedades jurídicas, similares a las que en la actualidad pone en práctica el gobierno de Cuitláhuac García. 

Sin embargo, la comisión de un delito en el pasado no legitima que en la actualidad se proceda de la misma manera. Mucho menos cuando la bandera que enarboló el actual gobernador fue, precisamente, que él no incurriría en los mismos abusos de sus antecesores.

Es muy probable, también, que muchos de esos ilícitos cometidos en el mini-gobierno de Yunes Linares hayan pasado por el escritorio de quien fungía como secretario de Gobierno, Rogelio Franco, lo que por supuesto no justifica ni autoriza a la actual administración a aplicarle la misma medicina. Tan ilegal habría sido su actuar en aquel entonces, como irregular es el desempeño del actual gobierno.

Es una salida recurrente de los políticos de Morena, que cuando se les exhibe alguna actuación ilegal, responden señalando que “los de antes eran peores”, argumentación absurda, que lo único que muestra es que su interés de llegar al poder no era para corregir las cosas, sino para convertirse en los beneficiarios de esa nefasta cultura del “cochupo”, del “moche”, de la corrupción.

El jueves 11 de marzo del presente año (apenas la semana pasada) se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la reforma al Artículo 331 del Código Penal de Veracruz, que se refiere al delito de “ultrajes a la autoridad” y en él se establece que “se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.

Esa es la infracción que se le atribuye a Rogelio Franco Castán y por la que la juez de control Alejandra Castellanos Priego, le impuso 8 meses de prisión preventiva “justificada”.

Lo que la Fiscalía no supo explicar fue la razón por la que los elementos de la Policía Ministerial (uno de los cuales denunció que fue “agredido” por Rogelio Franco, que le rasgó la camisa y le provocó “daños psicológicos”) acudieron al domicilio del hoy reo.

No quisieron admitir que iban con el fin de ejecutar una orden de aprehensión para la que el hoy detenido tenía una suspensión provisional. Los policías fueron, pues, al domicilio de Rogelio Franco sin razón jurídica alguna, lo intentaron detener y él se resistió, y al final él resulta en la cárcel por “ultrajes a la autoridad”.

La actuación por consigna, tanto del personal de la Fiscalía, como de la juizgadora, es evidente y –por más que lo intenten componer con el auxilio de plumas y medios de comunicación a sueldo- deja muy mal parado al gobierno estatal. 

Lo menos que se supone, es que están “muy nerviosos” ante el riesgo de una estruendosa derrota en las elecciones del 6 de junio y, por lo tanto, sustituyen al convencimiento por el terrorismo.

Mala estrategia. 

Otros, hace muy poco, también tomaron ese camino y fueron derrotados.

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Epílogo.

Me resistía a creer que la ofensiva oficial contra actores políticos de la oposición tuviera algo qué ver con aquel exabrupto del alcalde del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, quien se atrevió a calificar de “estúpido” en más de una ocasión al gobernador Cuitláhuac García. Los hechos, sin embargo, me obligan a considerarlo. *** Contratar los servicios de esa organización mercenaria conocida como “Los 400 Pueblos” para que se planten en Xalapa y reclamen que se castigue a su enemígo histórico, Miguel Ángel Yunes Linares, nos tiene que remitir, por fuerza, a los momentos más turbios del gobierno de Javier Duarte. *** Entusiasmado porque ya alguien se había atrevido a insultar al gobernador sin que le pasara nada, al representante de los concesionarios de verificentros, Eduardo Mario Casares Sort de Sanz, se le hizo “buena puntada” no sólo tachar de estúpido al mandatario estatal, sino sugerir que le faltaba valor (expresado en otros términos). *** No entendió Eduardo Mario Casares que él no es Fernando Yunes, que él no tiene la protección de don Miguel Ángel Yunes y que él estaba muy “a la mano”. ¿Consecuencia? La mañana de este lunes fue detenido por elementos de Seguridad Pública. El gobierno estatal, surgido del activismo de Morena, hoy es un gobierno represor, como los de antes. *** La aplicación de vacunas contra Covid-19 continuó este martes con 97 mil 822 dosis, con lo cual el número acumulado desde el inicio del plan nacional es de 4 millones 530 mil 784. Del total, 592 mil 466 corresponden a trabajadores de salud del país y 17 mil 429 integrantes del personal educativo de Campeche que ya tienen el esquema completo de dos dosis. *** También 3 millones 72 mil 507 adultos mayores han recibido la primera dosis de alguna de las vacunas disponibles en México, informó Hugo López-Gatell, quien además dijo que las vacunas aplicadas equivalen a un avance de 63% con relación a las que México ha recibido, que son 7 millones 160 mil 250, incluidas las que llegaron este martes de Pfizer-Biontech. *** El reporte sobre el comportamiento de la pandemia indica que este martes se confirmaron 175 fallecimientos más, para un total de 195 mil 119 personas que han perdido la vida por complicaciones graves de Covid-19.

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