Desde el Congreso, desde la SCJN, desde el Ejecutivo la intención es simple y llanamente dividir y destruir.
Los ataques sistemáticos al Instituto Nacional Electoral (INE), ocurridos recientemente por validar la determinación de sancionar quitándole las candidaturas a dos de los aspirantes morenistas a los Gobiernos Estatales de Guerrero y Michoacán son otra muestra más de ese dividir y destruir.
Los ensayos funestos de gobernadores como Jaime Bonilla Váldez o Cuitláhuac García –ambos morenistas- uno para expropiar propiedades privadas basados en justificantes absurdas, o modificando Códigos Penales para convertir cualquier acto contra la autoridad –inclusive mirar- en una acción de represión, forma parte de esa política de estado de dividir y destruir.
Las pruebas que comienzan a mostrar el rostro descubierto de un régimen autoritario y totalitario quedan a la luz, ante la nula capacidad del estado para resolver los verdaderos temas nacionales, como la salud, la seguridad, la economía, el empleo, el desarrollo social, etc.
Cuando todo es caos y división, cuando nadie le responde al mexicano en garantizar los más elementales preceptos constitucionales, surge la necesidad de cuestionarnos, si será momento de verdaderamente darle un cambio de timón a la apuesta que llegó con el mayor de los bonos democráticos de la historia reciente en México y quizá en América Latina.
El próximo 6 de junio será la fecha propicia para demostrar que esa imagen creada y ficticia de aceptación nacional, es en realidad una vil y verdadera mentira, como todas las que a lo largo de su vida política se ha dedicado a proferir el inquilino del Palacio Nacional.
Al tiempo.
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