Resulta verdaderamente aterrador para cualquiera el solo pensar que un día, al consultar los fondos de su cuenta, reciba la sorpresa que estos fueron sustraídos sin su autorización. Y peor aun sentirse en desprotección pues al acudir con el depositario del dinero este le responda que en sus registros, usted dio el consentimiento para el retiro del dinero, y que este se encuentra en cuentas u operaciones desconocidas a las cuales no es posible darles reversa.
Los agremiados del colectivo de defraudados no han escatimado esfuerzos y solicitudes de ayuda en búsqueda del rescate de su dinero, sin embargo, la respuesta reiterada y uniforme acerca de que la instancia competente para ello es la Condusef y el mal funcionamiento de ésta derivó en una mesa de trabajo conjunto que abrimos desde el pasado 15 de mayo para analizar las respuestas recibidas y los motivos que ocasionan la improcedencia de sus reclamaciones.
El resultado de ese trabajo ha dado frutos: dos propuestas que el jueves mismo presentamos a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, una relativa a la creación inmediata de una comisión investigadora de los hechos y la instalación de una mesa de diálogo con autoridades hacendarias, gremio banquero, entre otros que resultan involucrados, lo que dimos a conocer a la opinión pública en rueda de prensa en compañía de un diputado federal aliado del colectivo exponiendo además los lastimosos casos que actualmente representa el colectivo; ahí mismo se emplazó públicamente a la Condusef para recibirnos o justificar la negativa que tuviere para hacerlo.
No debe el ombudsman financiero escudarse en la incompetencia, carencia de facultades, atribuciones legales o en la pandemia para marcar “sana distancia” con sus defendidos. Debe dar la cara, escuchar, atender y de acuerdo con artículo Primero Constitucional; promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los usuarios.
En cambio, los hechos que la distinguen son, no contestar las líneas telefónicas a los usuarios, no dar respuesta pronta a las quejas, extraviar los folios de las reclamaciones electrónicas que recibe, dificultar el acceso efectivo a sus servicios a quienes acuden a ella, no exigir a los bancos informes completos sobre el origen de los reclamos, y en la mayoría de los casos reservar los derechos del quejoso para hacerlo valer en tribunales.
Y pues este plazo se cumplió el mismo día, pues de la Cámara nos dirigimos a las oficinas centrales de la Comisión en donde fuimos recibidos por cuatro funcionarios del organismo entre ellos el Vicepresidente de Unidades de Atención a Usuarios Roberto Tejero Castañeda con quien pudimos dialogar sobre el tema acordando una primera etapa en la atención del problema que abonará al mejoramiento de los procesos de atención y prestación de sus servicios.
Continuará…
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