Este fin de semana circuló un video en el que José Antonio May González, dueño de una comercializadora de abarrotes del municipio de Río Blanco, pidió la protección del presidente López Obrador pues dijo temer por su vida y la de su familia luego de acusar a jefes policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) que, con el pretexto de una falsa denuncia de secuestro, allanaron ilegalmente el sábado 19 de este mes su establecimiento, torturaron a 40 de sus 200 empleados y se llevaron medio millón de pesos que eran para el pago de la nómina y proveedores.
El empresario detalló que la mañana de este viernes 25, en presencia de fiscales y peritos, fueron extraídos los videos del DVR de su establecimiento en el que se ve al director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Rodolfo Astudillo Medina, observando cómo los elementos bajo su mando están torturando a los trabajadores. Temeroso de las represalias que pudieran derivarse de su denuncia pública, May González responsabilizó a este funcionario de la FGE de lo que le pudiera suceder a él y a su familia, así como a Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública, y a José Arturo Santiago Zavaleta, alias “El Lagarto, delegado de la SSP en la zona de Ciudad Mendoza.
Ante la gravedad de estos señalamientos, sustentados por las evidencias exhibidas, se esperaba una respuesta contundente de la Fiscalía General del Estado y del gobernador Cuitláhuac García, pero hasta ayer no se había dado todavía.
No es la primera vez que se denuncian este tipo de excesos. En diciembre de 2018, recién iniciada esta administración, la familia Rosado Zárate, con ciudadanía estadounidense pero oriunda de Santa Rosa, municipio de Actopan, fueron víctimas también de abuso policiaco cuando vinieron a pasar las fiestas de fin de año a su pueblo natal. Como se recordará, un grupo de la Fuerza Civil, encabezado por el comandante Salvador de la Cruz Gabriel, allanó la casa de estos actopeños residentes del estado de California. Además de propinarles una golpiza, siete de las víctimas los señalaron de haberles robado dos mil dólares, algunas joyas, teléfonos celulares, ropa, tres televisores, el estéreo que tenían encendido y hasta la cerveza que estaban tomando.

En mayo de 2020 circuló también en redes sociales un video del diario cuenqueño “El Piñero” que denunciaba otros excesos de la Fuerza Civil y de la Guardia Nacional en Cujuliapan, municipio José Azueta. Los pobladores de esta congregación, que no rebasa los 850 habitantes, declararon que no sabían a quién temían más: si a los guardianes del orden o a los criminales, pues a partir de que semanas antes habían descubierto en el rancho aledaño “Monte Rico” un campamento de un grupo de la delincuencia organizada, los elementos policiacos lo tomaron de pretexto para justificar abusos y hasta algunos crímenes. Denunciaron que por esas fechas habían ocurrido tres desapariciones y un caso de tortura.

Uno de los desaparecidos era Josmar Alor Borja, de 23 años de edad, quien según su esposa Lucero “R” se lo llevaron el 3 de mayo de 2020 presuntos elementos de la Fuerza Civil.

Otro caso fue el de Fredy Azamar Alfonso, ex director municipal de Protección Civil en el periodo 2012-2014 y quien había hecho públicas sus aspiraciones de contender como candidato a la alcaldía de José Azueta en 2021. Este hermano del regidor actual Alberto Azamar desapareció en la vecina población de Curazao.

A Hilmer Domínguez Rodríguez aseguran que se lo llevaron elementos de la Fuerza Civil sin orden de aprehensión. Fue sacado en la madrugada del 6 de mayo de 2020 de su domicilio en Tesechoacán, donde los elementos de la SSP rompieron la puerta de su casa y sustrajeron aparatos electrodomésticos.

Por su parte, la señora Hilda Condado García acusó haber sido torturada por uniformados de la Fuerza Civil, quienes amenazaron con matar a su hijo de 6 años de edad, el cual atestiguó cuando los policías se llevaban a su madre. La mujer dijo que al interrogarla le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, y que luego de liberarla, al retornar a su domicilio, descubrió que le robaron diversos objetos y 10 mil pesos que tenía ahorrados para poner una tiendita. Identificó a las patrullas con los números económicos 8880 y 3532.

¿Hubo consecuencias penales contra estos y demás policías abusivos, o al menos fueron inhabilitados y despojados de sus uniformes? No, al contrario, ahora fueron legalmente blindados al aumentar la penalidad por el delito tipificado como “ultrajes a la autoridad”.