Una buena noticia: El gobernador Cuitláhuac García invitó a los medios de comunicación a que “sigan ventilando” el tema de las Ciudades Judiciales pues –acotó- “es una situación que causa suspicacias”.
¡Excelente!
Podemos empezar por pedirle al propio gobernador que nos hable sobre aquel encuentro narrado por la hoy exmagistrada Sofía Martínez Huerta, ocurrido apenas un día después de haber rendido protesta como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, (03 de diciembre del 2019):
“… que acudió a una reunión en la que estuvieron presentes Cuitláhuac García y Éric Cisneros, y en la que el gobernador le hizo saber: Ahora que fue designada Presidenta del Poder Judicial del Estado es importante que usted tenga conocimiento que el Secretario de Gobierno tuvo que realizar diversos acuerdos con el anterior Presidente del Poder Judicial del Estado (Edel Álvarez Peña), y que dentro de esos acuerdos quedamos en que no se haría cacería de brujas respecto a su administración, por lo cual todo aquello que tenga que ver con la anterior administración, lo tendrá que ver directamente con el ingeniero Cisneros”.
La anterior declaración no es un dicho externado a la prensa. Está plasmado en una denuncia penal (de la que aún no hay avances) presentada por la propia Sofía Martínez Huerta, quien se dijo víctima del acoso y las amenazas del aún secretario de Gobierno, Éric Cisneros.
Los resultados de esa reunión se están viendo ahora: El Poder Judicial se declara “en quiebra” y les pide a los magistrados que “de manera voluntaria” acepten que se les reduzca su salario en un 30 por ciento para con ello cubrir parte del déficit que presentan en el presente ciclo fiscal.
Otro detalle (no menor) que incide en la actual crisis financiera del Poder Judicial, es la violación al Artículo 60 de la Constitución local, que establece claramente –como lo mencioné en la colaboración del lunes- que “el presupuesto asignado al Poder Judicial podrá ser mayor pero no menor al dos por ciento del total del presupuesto general del Estado”.
El Decreto de Presupuesto de Egresos para el 2021 fue calculado en 129 mil 535 millones, 095 mil 247 pesos, por lo que el 2% que le correspondería al Poder Judicial representa, al menos, 2 mil 590 millones 701 mil 904 pesos.
Pero no fue eso lo que le fue asigtnado. El mismo decreto explica que la base del cálculo de los entes que cuentan con porcentajes fijos de autonomía presupuestal (Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Universidad Veracruzana) se definió con el criterio de “restar lo que corresponde a las participaciones y aportaciones de los 212 municipios, convenios federales y fondos distintos al monto total de la iniciativa de Ley de Ingresos”.
Por supuesto que ese “criterio” violenta el ordenamiento constitucional -que se refiere con claridad al “total del Presupuesto”- y el Poder Judicial (lo mismo que la UV y la Fiscalía) debió promover una acción de inconstitucionalidad y reclamar la asignación que la Constitución de Veracruz le otorga.
En lugar de hacer eso, el Poder Judicial del Estado calló y permitió que le asignaran mil 895 millones 400 mil 865 pesos, esto es, 695 millones 301 mil 039 pesos menos de lo que les correspondía, y hoy habla la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero de un “déficit” de 500 millones de pesos.
Tiene razón el gobernador Cuitláhuac García: La crisis del Poder Judicial genera “muchas suspicacias” y su actuación es una de ellas.
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Epílogo.
La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana dio a conocer este lunes a los candidatos que participarán en en el proceso para la renovación de la rectoría. Los aspirantes confirmados por la Junta de Gobierno son: Martín Aguilar Sánchez, Héctor Coronel Brizio, José Luis Cuevas Gayosso, Alejandro de la Fuente Alonso, Dario Fabián Hernández González, Carlos Lamothe Zavaleta, Beatriz Lira Rocas, Jorge Manzo Denes, Yolanda Méndez Grajales, Héctor Narave Flores, Rocío Ojeda Callado, Salvador Tapia Spinoso y Rafael Vela Martínez. *** Estos son “los otros datos”, los que le hacen llegar al Presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Gobernación reconoció que de diciembre del 2018 a la fecha han sido asesinados 43 periodistas y 68 defensores de derechos humanos, de los cuales 9 contaban con el mecanismo de protección. *** “Desde la Secretaría de Gobernación, como institución operadora del mecanismo, se ha reconocido que un elemento que visibiliza la crisis de derechos humanos es el nivel de riesgo que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos al realizar su labor a lo largo y ancho del país”, expresó la dependencia. *** La Secretaría de Salud reportó que la cifra de muertes por Covid-19 en México se incrementó a 235 mil 058, luego de que este lunes se notificaron 89 nuevos fallecimientos. La dependencia detalló que se registraron 3 mil 074 nuevos contagios, por lo que el número de casos confirmados de la enfermedad provocada por el coronavirus aumentó a 2 millones 593,574. *** La Secretaría de Salud destaca que 40% de la población mayor de 18 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19. Durante el domingo 11 de julio, al corte de las 21:00 horas, la dependencia aplicó 119 mil 461 vacunas, para llegar a un total de 50 millones 817 mil 979 dosis aplicadas a nivel nacional desde diciembre de 2020.
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