El 10 de octubre del año pasado ocurrió algo inaudito: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió un comunicado oficial en el que dio a conocer que casi 38 mil piezas de medicamentos oncológicos habían sido robadas del almacén de la empresa Novag Infancia.

Las autoridades de salud, al hablar con los familiares de los niños con cáncer, mencionaron que estos medicamentos hubieran sido destinados a sus tratamientos. La desaparición de estos productos no era sólo uno de los eventos más desafortunados para estos pacientes y sus familias, sino también uno de los sucesos más extraños ocurrido en el campo de la salud en México.

“¿Cómo llegamos a esto?”, se preguntaron en su momento algunos médicos y analistas en políticas de salud como Xavier Tello, quien publicó un amplio texto en la revista Nexos en el que exponía que en México, de acuerdo con el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (0 a 19 años), la incidencia es de 89.6 por cada millón de infantes, y que en el caso de los menores de 4 años, la cifra crece a 135.8 por millón.

“El cáncer es una condición devastadora en todos los sentidos, sobre todo en lo económico: entre las 15 primeras causas de muerte en el mundo es la de mayor costo. El tratamiento de un paciente oncológico cuesta normalmente cientos de miles de pesos al año y puede llegar a ser de millones. Si hay una condición en la que aplique el término ‘padecimiento catastrófico’, sin duda es ésta. Las familias pueden perderlo todo al intentar pagar los costos de los tratamientos”, puntualizaba el doctor Tello.

Hoy, casi un año después, en su edición de este domingo el diario Excélsior reveló que desde el lunes antepasado, el Hospital Infantil de Veracruz prohibió el ingreso de medicamentos oncológicos provenientes de las organizaciones civiles que apoyan a los niños con cáncer.

Lo anterior, según publicó su corresponsal Lourdes López, se debe a que autoridades federales investigan el presunto robo de medicamentos, pues no han llegado al hospital porteño, pese a que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aseguró haberlos enviado desde meses pasados.

Y es que de acuerdo con esta versión periodística, las madres de los niños con cáncer que son atendidos en el hospital infantil pusieron al descubierto que los tratamientos que les estaban aplicando a sus hijos eran los que estaban donando las organizaciones civiles y no las que presuntamente había enviado el Insabi.

Susana Lara, presidenta local de la Asociación Mexicana de Niños con Cáncer (Amanc), declaró que la prohibición del ingreso del medicamento pondrá al descubierto que los oncológicos que según envió el Insabi no están llegando.

De acuerdo con la representante de Amanc, las medicinas ahora están llegando directamente a los pacientes por parte del Insabi para evitar que “se pierdan en el camino”, como ha venido ocurriendo.

Derivado de estos hechos, se presume que dentro de la Secretaría de Salud de Veracruz ya se habrían dado cambios en el personal que maneja los medicamentos.

En el gobierno federal ahora estalló otro escándalo pero por los biológicos contra el Covid-19. Ayer, el periodista Raymundo Riva Palacio publicó en su columna “Estrictamente Personal”, del diario El Financiero, el siguiente comentario: “Ante la pregunta planteada en esta columna el viernes pasado sobre por qué, si había 18 millones de vacunas anti-Covid almacenadas, el presidente López Obrador seguía pidiendo al presidente Joe Biden ayuda con dosis y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, continuaba de compras en el mundo para alcanzar la inmunización, ya hay una respuesta de funcionarios federales: se perdieron. Nadie sabe en el gobierno dónde están millones de vacunas por las que la Secretaría de Hacienda desembolsó 44 mil millones de pesos, pero tampoco, por si lo primero no fuera suficiente, se ha iniciado una investigación para rastrear qué sucedió, deslindar responsabilidades y castigar a los culpables de esta negligencia criminal”.