Hoy a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no le interesa saber si en realidad la señora Ernestina Ascencio fue atacada sexualmente y golpeada hasta provocarle la muerte.
Luego de que han transcurrido 14 años de que la anciana indígena fuera encontrada en grave estado en salud a unos metros de donde montó su campamento un destacamento del Ejército Mexicano, la CNDH dice haberse visto “en la necesidad” de revisar de nueva cuenta el caso, en el que se advertían violaciones graves a los derechos humanos, “de manera específica a la vida, a la protección de la salud por negligencia medica y por omisión, la integridad, seguridad personal y a la dignidad humana” cometidas en agravio de la víctima, que era una mujer adulta e indígena náhuatl.
También encontraron –afirma la CNDH- fallas en el acceso a la justicia en su
modalidad de procuración de justicia y a la verdad, cometidas en agravio de sus familiares, “hechos atribuibles a servidores públicos de la Fiscalía General y a la Secretaría de Salud, ambas del estado de Veracruz”.
La nueva Recomendación (45VG/2021) explica que del estudio de los hechos y de las diligencias practicadas por la CNDH, se desprende que no fueron agotadas todas las líneas de investigación, ya que al día de hoy prevalecen las inconsistencias de modo, tiempo y circunstancias en que la víctima fue encontrada el día 25 de febrero de 2007.
“Asimismo, se advierte que, la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz no fue exhaustiva en las diligencias de investigación, ya que no realizó de manera integral las mismas, con perspectiva de género ni técnicas de investigación idóneas, ni el resguardo de análisis de muestras de laboratorio adecuadas, entre otras, que resultaron en perjuicio de la víctima, y del acceso a la verdad y adecuada procuración de justicia para sus familiares”.
En la nueva resolución, la CNDH recomienda a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGJV), con base en las nuevas consideraciones y hallazgos aportados en la Recomendación, al advertirse que se cuentran ante violaciones graves a derechos humanos, “iniciar una nueva investigación del caso y en estas nuevas diligencias a realizarse, se aporte como prueba la propia Recomendación y se consideren las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generadas en el pasado, para que en esta nueva investigación que se realice, o en la consecución de la anterior, se subsanen tales deficiencias, se observe y atienda el caso con perspectiva de género y se tome en cuenta la multiplicidad de condiciones de vulnerabilidad de la víctima, aunado a la visión diferencial y multicultural, atendiendo el contexto sociocultural y características de los familiares de la víctima, que son en quienes recae el ejercer el derecho de acceso a la justicia”.
Le sugiere, además, iniciar investigaciones en contra del personal del Hospital Río Blanco de la SSV, “dentro de la cual se contemplen las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generadas en el pasado, así como para determinar de manera clara, razonada y justificada, la posible de responsabilidad de las personas servidoras públicas que hayan tenido algún grado de responsabilidad, por acción u omisión, respecto del ocultamiento e indebida valoración que se le dio a las pruebas que daban cuenta de los hechos delictivos ocurridos en perjuicio de la víctima”.
A la Secretaría de Salud la conmina a garantizar que la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad de Atzompa, cuente con servicios médicos de calidad, que puedan dar respuesta a emergencia médicas como la ocurrida en el caso en cuestión, desde un enfoque intercultural, por lo que la atención médica que se proporcione tiene que ser brindada por personal especializado, teniendo en cuenta su cultura, idioma, creencias, contexto y visión del mundo.
Además, para los casos que se atiendan a mujeres víctimas de un delito sexual, en el plazo seis meses la SSV deberá emitir un protocolo para responder a emergencias médicas análogas, que se ciña a los estándares internacionales en la materia y al mismo tiempo contemple el dar aviso a las autoridades competentes.
Tanto la Fiscalía como a la Secretaría de Salud se les encomienda inscribir a las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan acceso a los derechos y garantías establecidas para las víctimas, así como al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del estado de Veracruz; establecer un memorial en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad de Atzompa, como medida de satisfacción que contribuya al reconocimiento de la dignidad, así como de la reivindicación a los derechos humanos de la víctima, y realizar una disculpa pública en favor de esta, a sus hijos y a su comunidad.
¿Y el Ejército?
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Epílogo.
Judith Sánchez Reyes, reportera del periódico Imagen del Golfo, retomó con el Presidente López Obrador un tema de flagrante corrupción en Veracruz. *** “Presidente, hace unos días le habíamos informado sobre esta situación financiera, esta crisis financiera que vive el Poder Judicial allá en el estado como resultado de esta presunta corrupción de los contratos bajo la figura de asociaciones público-privada para la construcción de 21 ciudades judiciales durante la presidencia del exmagistrado Edel Álvarez (…) En la ocasión anterior, cuando le planteé justamente este caso, usted mencionó que pediría un informe al gobernador del estado. Preguntarle si ya le dio este informe, si ayer durante su gira pudieron platicar de esta situación, sobre todo para ver cómo se va a garantizar que realmente se sancione a los responsables de esta crisis de la justicia allá en Veracruz”. *** El Presidente respondió que aún no revisaba ese tema con Cuitláhuac Garcia “pero qué bien que me lo estás recordando, porque el martes va a estar aquí el gobernador”. *** Y más adelante dio su opinión sobre ese caso: “Todos esos contratos, los APP, son asociaciones públicas-privadas, se pusieron de moda durante el periodo neoliberal. Así se construían estas ciudades judiciales, así se construían reclusorios, hospitales, edificios para oficinas públicas. Entonces, se daba el contrato a una empresa siempre vinculada a un funcionario del más alto nivel (…) Lo que aconsejamos a los estados es que lleguen a acuerdos para que los contratos les signifiquen menos costos, que logren ahorros porque, si se van a pleito, está tan mal lo de impartición de justicia que pueden perder (…) Entonces, la recomendación es: busquen el acuerdo (...) Entonces, esas ciudades judiciales seguramente fueron contratos plagados de corrupción, hay que ver que se denuncie”. *** La Secretaría de Salud informó que este jueves se confirmaron 20 mil 633 nuevos casos de Covid-19, con lo que suman 3 millones 291 mil 761 los contagios. Los decesos se elevaron en 835, para un acumulado de 256 mil 287. *** El Reporte Técnico Diario sobre el estado de la pandemia en el territorio nacional indica que la curva epidémica se mantiene en descenso, con una reducción de 6 por ciento para la semana epidemiológica 32 (8 al 14 de agosto), en comparación con los casos estimados notificados en la primera semana de este mes. *** En la actualización del Plan Nacional de Vacunación, se informó que el miércoles se aplicaron 755 mil 015 dosis, con un acumulado de 82 millones 678 mil 717. *** De los 56.9 millones de mexicanos que han recibido al menos una dosis del antígeno antiCovid, 32.2 millones, es decir, el 57 por ciento, completó su pauta de vacunación. A la fecha se ha inmunizado, con al menos una dosis, al 64 por ciento de la población de 18 años y más en el país.
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