El sitio oraculus.mx actualiza su encuesta de encuestas (poll of polls) cada vez que una encuestadora difunde resultados sobre aprobación presidencial. Ofrece, pues, un promedio que se consideraría lo más exacto posible.
Su última medición actualizada al día de ayer dio una aprobación a López Obrador de 61% contra 34% que lo desaprueba.
Un reconocido encuestador, Francisco Abundis, de Parametría, en su columna que publica en Milenio, en la de ayer, que tituló “Más allá de la aprobación: los otros datos”, dice algo digno de tomarse en cuenta.
“Finalmente el tema obligado es el de revocación de mandato. Es evidente que hoy día la mayor parte de la población refrendaría el gobierno del Presidente. Así lo piensan siete de cada diez ciudadanos”. Encuentra dos posibles explicaciones.
Señala que es evidente que hay un porcentaje que prefiere al Presidente de manera abierta, pero también hay otro grupo de ciudadanos que le teme a un cambio a la mitad del sexenio.
Quiere otra consulta pero de ratificación, no de revocación
El presidente sabe muy bien su nivel de aceptación (los encuestadores coinciden en que hay que diferenciar muy bien en que una cosa es la aprobación de su persona y otra la de su gobierno, que tiene porcentaje más bajo) y no obstante insiste en la consulta sobre la revocación de mandato.
Es decir, sabe que saldría bien librado, que la mayoría votaría por su continuidad, pero insiste e insiste en que se apruebe en el Congreso, cuanto antes, la Ley Reglamentaria de la consulta, que le costaría a los mexicanos entre tres y cinco mil millones de pesos, porque en el fondo se quiere regodear con su alta popularidad ya que continúa en campaña y quiere tomar el resultado para reimpulsar la segunda mitad de su mandato, aunque también para usarla como propaganda para la elección de 2024.
La encuesta de Mitofsky, que se publica en El Economista, también de fecha del primer día de septiembre, le da una aprobación de 61.1% y de desacuerdo de 38.6%, con dos datos que, creo que sin duda, reflejan la realidad de la población: el 60.8% del empresariado lo reprueba y solo el 39% lo aprueba, pero en cambio el 77% de los campesinos lo apoyan y solo el 22.8% no.
Es un dato relevante porque ese sector del campo es el que vota y es el más manipulable. En el PRI, en sus mejores tiempos, a través de la CNC y en Veracruz de la Liga Agraria, era su fábrica de votos y la sigue siendo, pero ahora de Morena. Por eso todos siembran ahí, como ahora lo hace el presidente a través de sus programas de Bienestar, que le garantiza una buena cosecha de votos.
El tema se discutirá y votará este jueves y ahora la principal impulsora es la presidenta de la Mesa Directiva Olga Sánchez Cordero. Aquí se verá si de veras la oposición jalará parejo y se opondrá al intento presidencial y de sus secuaces en el Senado que quieren hacer trampa con la pregunta de la consulta, pues pretenden inducir que los mexicanos se manifiesten a favor de la ratificación del mandato (que ya saben que sería a favor) en lugar de consultar si de verdad quieren que AMLO concluya su gobierno de manera anticipada por pérdida de confianza.
El constitucionalista Diego Valadés lo ha dejado claro: “Revocar significa destituir y solo se destituye porque no se está haciendo bien el trabajo o porque se haya incurrido en uno o varios actos que resulten lesivos para los intereses del país”. Para él, la pregunta debe ser: “Quiere usted destituir al Presidente de la república o no”, en lugar de la última que planteó, el 12 de agosto, por presión presidencial, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal: “¿Estas o no de acuerdo con que el presidente continúe al frente del Ejecutivo Federal?”.
Ayer por la tarde la señora Sánchez Cordero dijo que la pregunta de ellos será reformulada ante el riesgo de ser impugnada ante tribunales por la oposición. Estaremos atentos para saber en qué termina esto.
Activistas impiden madruguete
Pregunté ayer: ¿Por qué ocultan nombres de terna en el Congreso?, y dije que en un boletín se había informado que la Diputación Permanente de la LXV Legislatura había dado entrada a la Junta de Coordinación Política de la terna de candidatos para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, que presentó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Llamaba la atención, sin embargo, apunté, que no mencionaban los nombres. ¿Qué esconden? ¿Por qué ocultan sus nombres? ¿No qué muy transparentes?, pregunté.
El peine apareció pronto: desde la Secretaría de Gobierno se pretendía imponer a una persona de nombre Yuliana Aguilar Rodríguez, quien no cumple los requisitos de la convocatoria contenida en la Gaceta Oficial del Estado. O sea, los que deben vigilar el cumplimiento de la legalidad son los primeros que la violan, como ya es característico en ellos. Además, de relleno metieron a dos bultos para conformar la terna. Ahora sí, como dijo López Obrador, son chuecos e hipócritas.
Fue contundente la respuesta de activistas de los colectivos de familiares de los desaparecidos de todo el estado: protestaron ayer cerrando las calles del centro de Xalapa y lograron detener el atentado. Con su actitud impositiva, el gobierno los quiere revictimizar. No se vale, ni se debe.
Ahora sale con que a Chuchita la bolsearon
A ver doña Isabel (Romero Cruz): ¿Pues no que eran solo 500 millones de pesos los que se necesitaban para resolver la bronca de la crisis financiera en el Tribunal Superior de Justicia? Ahora nos enteramos (alcalorpolitico.com) que no obstante el cierre de juzgados, el recorte de sueldos a magistrados, el despido de personal y “medidas de austeridad”, necesita otros 500 millones.
¿Ahora qué va a recortar?, porque ya el señor secretario de Finanzas del gobierno, José Luis Lima Franco, dijo que no hay no hay y no hay para cubrir dicho monto. ¿Se va a recortar usted y mejor va a presentar su renuncia para que otro u otra vea cómo le hace?
Tava Ortega, lucha legal por sus derechos
La expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso local Octavia Ortega Arteaga ha emprendido un litigio electoral en reclamo a lo que considera un atropello a sus derechos políticos-electorales.
Ante un ajuste que se hizo en la Cámara de Diputados para lograr la paridad total de género, que le costó la diputación al secretario de Organización del PVEM, Javier Herrera Borunda, por prelación debió haber subido la fórmula que encabeza la panuquense, porque quien la antecedía, Laura Fernández Piña, de Quintana Roo, participó como candidata uninominal y plurinominal, pero ganó la elección en su distrito. Así que protestó como diputada uninominal y dejó su espacio en la lista plurinominal.
Pero en una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que causó inconformidad entre consejeras electorales del INE, la posición se le cedió a la suplente de Fernández Piña, Santy Montemayor, cuando el lugar correspondía a la exdiputada local Ortega Arteaga. O sea, se dio un acto de verdadero agandalle.
Si bien las involucradas, de la Tercera Circunscripción, son del partido Verde, debió haberse impuesto el acto de justicia a favor de la veracruzana. Aquí se va a ver si Javier empuja apoyando a Tava en su litigio para darle otra diputación federal a Veracruz. Sería lo justo. |
