El ahorro y crédito popular seguirá siendo un sueño en este país, mientras no se tenga una regulación legal vasta que ponga límites al lucro que en los hechos obtienen las cajas, por prestar a los más pobres su propio dinero.
Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y (INEGI) poco más de un millón de mujeres perdieron su empleo en México durante el último año y un gran número de ellas de entre 25 y 44 años hoy en día operan en la informalidad hecho que sin duda les limita en la posibilidad de acceder a financiamientos formales o bancarios; al respecto Sonia Garza Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE) señaló, que el empoderamiento económico de las mujeres es clave para lograr la verdadera igualdad.
Coincido con Sonia, derivado de la crisis económica que padecemos cuya solución -en parte- se ha encontrado en el auto empleo, necesitamos fuentes de crédito que contribuyan a esa aspiración de fortalecer y empoderar a las mujeres en el plano económico; desafortunadamente y dada la forma en que actualmente funciona el crédito en nuestro país, en un alto porcentaje de casos nos muestra que quien pide y recibe un crédito tiene más posibilidades de empobrecerse que de salir del apuro.
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El hecho se observa tanto en zonas urbanas, como en localidades rurales y apartadas en donde operan las cajas de ahorro populares como una forma de organizar a los habitantes de comunicades con el fin, según dicen, de establecer dinámicas de ahorro y crédito que ayuden a la economía local y familiar, con la nobleza de ser “populares” así, bajo ese comercial logran captar la atención, y el interés de los habitantes -principalmente mujeres- que aspiran a contribuir con el gasto familiar o bien, que son el sostén absoluto de su familia, y que por tanto necesitan pequeños préstamos para desarrollar una actividad comercial o productiva que les reporte ingresos.
Este fue el caso de, Simona, una mujer adulta mayor vecina de Tlaltetela, Veracruz quien este año, a la edad de 84 años, falleció generando un gran dolor a sus familiares; Simona fue una mujer trabajadora, que no vio barreras en su origen, edad o estado físico y se dedicó hasta sus últimos días a la siembra de café.
Dicha actividad le requería de vez en cuando de pequeños apoyos económicos antes de la cosecha, entonces atendiendo al llamado de “apoyo” que la caja de ahorros de su localidad ofrecía particularmente a las mujeres cafetaleras, a principios de este año pidió 9 mil pesos, no era la primera que lo hacía pues llevaba ya varios años en esa cooperativa de mujeres.
La forma de organizarse era por grupos, y una socia avalaba a la otra con sus ahorros, accediendo con cada préstamo a la firma de documentos mercantiles como pagarés para respaldar la deuda, aparte de la documentación ordinaria que debe firmarse al pertenecer a una sociedad como la mencionada.
Al sorprenderla la muerte, quedaban aún pendientes 6 de sus pagos, sin embargo, la caja tenía en su poder los ahorros de Simona (cerca de 3 mil pesos), y el valor de su certificado de socia (por 300 pesos); aunado a ello una cláusula del contrato daba cuenta del compromiso que le ofreció la caja de descontar el 50% de la deuda en caso de fallecimiento, y descontar además el importe de sus ahorros y el certificado.
Aún así desde entonces los cobradores de la caja, visitan diariamente al viudo para cobrarle el total de la deuda, no solo a él, también a las socias que firmaron en su “grupo” y a su aval, sobre ellas pesa la amenaza de que tomarán de sus ahorros (a lo chino) para pagar el total de la deuda de Simona, sin reconocer la obligación pactada de descuento.
¡No se vale que las cajas actúen con abuso!, el tema del ahorro y crédito popular nos exige ser mas incisivos, insistentes y exigentes para con nuestros legisladores actuales, no debemos seguir permitiendo que se abuse de los más pobres que solo aspiran a mejorar su calidad de vida por falta de leyes que nos protegen.
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