El atentado con un artefacto explosivo que este domingo mató a dos personas en un restaurante del municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, significa un paso hacia delante de los grupos criminales en sus estrategias de violencia, pues el objetivo, más allá del asesinato de seres humanos, es el de producir terror entre la población.

Mientras las autoridades de todos los niveles en todas las entidades federativas están enfrascadas en sus particulares conflictos y disputas políticas, y su interés parece centrarse exclusivamente en hacerse de más posiciones de poder, los grupos delincuenciales silenciosamente se apoderan de cada vez mayores franjas territoriales y hacen en éstas lo que les place. Incluyendo asesinar a mansalva y con total impunidad.

La “estrategia” del gobierno federal, simplificada hasta el hartazgo en la presidencial frase “abrazos, no balazos”, en los hechos lo que ha provocado es que las bandas de la delincuencia organizada hagan y deshagan a sus anchas en sus zonas de influencia. Además, en abierto contubernio con diferentes fuerzas de seguridad con las que, como ha sido evidenciado en varios videos que circulan en medios y redes y que se reconocen como legítimos, existen acuerdos claros para que “no se metan” en ciertos lugares.

Ni qué decir de la injerencia directa que los grupos criminales ni se molestaron en disimular durante las pasadas elecciones en varias entidades de la República, ya fuera promoviendo o eliminando candidaturas, sobre lo cual también existen varias denuncias que, como ya no es de extrañar, han sido ignoradas.

Sin embargo, utilizar el terror al perpetrar atentados con explosivos como el de Salamanca coloca la situación de violencia e inseguridad en otro nivel, pues ya no solo se trataría de venganzas o luchas por el control de un territorio, sino de una escalada en la que la población civil es la que queda totalmente expuesta a las consecuencias directas de esos actos criminales, que lo que en realidad buscan es amedrentar a la sociedad, atemorizarla.

Son actos de propaganda violenta que, de acuerdo con el coordinador del Centro de Estudios sobre la Impunidad y la Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, pueden calificarse como “narcoterror”, por el “uso de medios extremos de violencia para alcanzar fines criminales”. Lo cual diferencia del “narcoterrorismo”, que utiliza los mismos medios, pero para alcanzar fines políticos además de los delictivos.

Más allá de que sea cualquiera de las dos clasificaciones la que pueda aplicarse a hechos como los del domingo en Salamanca, es evidente que la abulia del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” hacia el combate de las bandas del crimen organizado está propiciando su fortalecimiento, al grado que hasta se envalentonen para lanzar amenazas públicas en contra de periodistas que reportan sus atrocidades o, como en este caso, se atrevan a utilizar explosivos en contra de civiles, hiriéndolos y asesinándoles, ante la perplejidad de una sociedad que no atina a entender cómo se ha llegado hasta este punto.

Lo más grave es que en medio de todo ello se militariza la vida del país, incluidas todas las tareas de seguridad, sin que ello parezca inhibir en lo más mínimo la violencia criminal que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está registrando máximos históricos, que le encaminan a convertirse en el sexenio más sangriento de la historia moderna del país.

Más de cien mil homicidios dolosos en poco menos de tres años así lo prueban.

Un “tiburón” destazado

La detención del empresario orizabeño Fidel Kuri Grajales por fraude es el colofón de una historia de desatinos, malos manejos del erario para fines que no le corresponden, politiquería y tratos oscuros en los que están involucrados varios actores políticos. Tanto del pasado como del presente. Con implicaciones partidistas multicromáticas.

Porque en las “transas” con los Tiburones Rojos del Veracruz no solamente “metió mano” Kuri.

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