De toda la plutocracia mexicana beneficiada por la privatización de empresas públicas que se realizaron durante la administración del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ricardo Salinas Pliego es uno de los pocos potentados que han sabido acomodarse al nuevo régimen de la 4T que encabeza el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Y es que a diferencia de otros empresarios que han sido amagados y perseguidos penalmente por el gobierno obradorista para que paguen sus deudas millonarias a la Secretaría de Hacienda –como el ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, y su hijo Miguel Alemán Magnani, actualmente prófugo en París, Francia–, el concesionario de TV Azteca y dueño de Elektra, entre otras empresas, no ha recibido las mismas amenazas ni persecución.

En su conferencia de prensa de este martes, AMLO exhibió una lista de 58 empresas  que se beneficiaron de la condonación de impuestos en los dos sexenios anteriores por un monto de 189 mil 18 millones de pesos, que dejaron de ingresar a la hacienda pública. Entre ellas figura el Grupo Salinas con 7 mil 775 millones de pesos, de los cuales más del 99 por ciento le fueron perdonados en la administración priista del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Hace casi un año, en noviembre de 2020, López Obrador señaló que en la disputa legal entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Grupo Salinas por el pago de impuestos había llegado ya a la última instancia para recuperar adeudos fiscales anteriores.

La alusión a los adeudos fiscales de su consorcio que salió a relucir durante la conferencia mañanera de AMLO en Palacio Nacional provocó la reacción de Salinas Pliego, quien en un mensaje en redes sociales respondió: “Mis empresas y yo siempre hemos pagado muchos impuestos. Hay diferentes puntos de vista sobre la ley aplicable; por eso acudimos (conforme a derecho) al Poder Judicial, para que aclare y decida lo que se debe pagar y lo pagaré. El SAT no es la última instancia”.

En otra conferencia de prensa por separado, Raquel Buenrostro, la implacable jefa del SAT, dio a conocer que el Grupo Salinas adeudaba en ese entonces al fisco 20 mil 700 millones de pesos, pero acotó que tenía la posibilidad de solicitar un juicio de amparo, por lo que el proceso de cobranza podría continuar, como ocurre hasta la fecha.

Comparado con este tiburón, el empresario orizabeño Fidel Kuri Grajales resultó ser un charal. Y es que este martes, una jueza del Poder Judicial del Estado de México impuso prisión preventiva al ex presidente del club de futbol Tiburones Rojos de Veracruz por un presunto fraude por 139.2 millones de pesos en contra de Arrendadora Internacional Azteca (AIA), S.A de C.V., una empresa de Salinas Pliego que no es un banco ni una institución de crédito, sino que según el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México se dedica al “arrendamiento y compraventa” de “remolques, semirremolques, vehículos automotores, aeronaves, barcos de recreo y todo tipo de equipo y maquinaria industrial y comercial y equipo de telecomunicaciones”, la cual fue exhibida por la revista Proceso de jugar un papel central en la trama de Grupo Fertinal, que cuando fue adquirido el sexenio anterior por Pemex Fertilizantes adeudaba 260 millones 939 mil dólares a Banco Azteca y 99 millones 430 mil dólares a AIA.

La participación de AIA se sumaba a una serie de reportajes que publicó la revista fundada por el extinto periodista Julio Scherer García –padre del ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra– sobre el verdadero papel del empresario ex salinista en la trama Fertinal, ya que en julio de 2019 el semanario documentó que, además de acreedor de la empresa, el magnate fue su socio entre 2006 y 2016, mediante una red de sociedades de papel instaladas en Bélgica y Suecia, con ramificaciones en Luxemburgo. Proceso también mostró que ex empleados y empleados de Grupo Salinas ocuparon puestos clave de la empresa y controlaban cuentas de la compañía abiertas en 51 bancos durante ese periodo.

La ventilación pública de este caso desató la ira de Salinas Pliego, quien en reacción a esta investigación periodística demandó por “daño moral” al semanario, a dos de sus directivos y a un reportero; los acusó de orquestar una “campaña de desprestigio” en su contra, “con el único propósito de sembrar en la población mexicana una idea errónea y negativa” y difundir la noción de que “el señor Ricardo Salinas Pliego es una persona corrupta”.

Según publicó Proceso, el abogado Gabriel Roqueñi Rello, que presentó la demanda en nombre del magnate y de Banco Azteca, es socio de AIA desde el 30 de enero de 2014: posee una de las 560 acciones de capital fijo de la empresa. La revista consignó que, además, fue el primer representante del banco de Salinas Pliego en Grupo Fertinal, como delegado fiduciario del fideicomiso F470.