“Que los legisladores de Morena lo corrijan en favor de la comunidad universitaria y del pueblo de México. Eso sí sería una decisión de izquierda y progresista. ¿Lo harán?”, lanzó la interrogante el suplente del zacatecano, quien al igual que Monreal ha venido exigiendo “piso parejo” y que se elija mediante elección interna y no por encuesta al candidato obradorista a la Presidencia de la República en 2024.
Otro de los presidenciables que se vio obligado a fijar su posición fue el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien fue rector de la UNAM en el periodo 1999-2007 y actualmente es embajador de México ante la ONU –incluido también por López Obrador en su lista de precandidatos de Morena para sucederlo–, el cual declaró que “no tenemos que estar de acuerdo en todo ni sobrerreaccionar a la crítica”.
“El espíritu crítico forma parte de la naturaleza de la Universidad. De Hecho, revisar periódicamente, con ojo crítico y autocrítico, lo que hacemos o dejamos de hacer los universitarios, es una práctica frecuente que no debe abandonarse. La crítica se cultiva en todas las universidades públicas y en los espacios académicos de casi todo el mundo”, afirmó el ex secretario de Salud (1994-1999) en la administración priista del ex presidente Ernesto Zedillo.
Pero en la UNAM hay destacados cuadros académicos muy identificados con el régimen de la Cuarta Transformación (4T) que encabeza el presidente López Obrador. Uno de ellos es precisamente John Ackerman, quien dirige el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJ).
Ackerman, quien es esposo de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, fue muy criticado el año pasado por haber recibido para este programa cerca de 6 millones de pesos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el que es responsable técnico del proyecto Democracia, Culturas Políticas y Redes Sociodigitales en una era de Transformación Social. El académico norteamericano naturalizado mexicano aclaró que él “no recibió los recursos, sino la institución a la que se encuentra adscrito, en este caso la Coordinación de Humanidades en la UNAM”.
La politóloga y activista Denise Dresser, por ejemplo, señaló en redes sociales: “No hay dinero para investigaciones biomédicas, de biotecnología, de nanociencias, de energías renovables. Pero Conacyt_MX da 5 mdp a Ackerman para investigar opositores”.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Julieta Macías Rábago, coincidió: “No hay dinero para institutos e investigaciones, desmantelaron los fideicomisos por ‘corrupción’ (que no han probado) pero Conacyt dio casi 6 millones a Ackerman para investigar opositores”.
Otra crítica más provino vino del veracruzano Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, ex embajador de México en Francia y actual titular de la Notaría Pública número 116 de la Ciudad de México: “El grupo de Irma Eréndira y Ackerman se sigue sirviendo con la cuchara grande”.
Por otra parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, a través de un comunicado acusó “favoritismo” del Conacyt hacia Ackerman.
Tras las críticas, Ackerman respondió en Twitter que esos recursos fueron destinados a “una multiplicidad de diferentes proyectos de investigación de la UNAM y de otras universidades” y, sostuvo, “jamás implican pago o compensación alguna para los Responsables Técnicos o Directores correspondientes”.
“Es decir: yo no recibo un solo peso de los proyectos CONACYT del PUEDJ”, insistió Ackerman, quien en redes sociales, artículos o programas de televisión es un férreo defensor del gobierno de López Obrador, postura por la que ya ha enfrentado controversias. Una de ellas ocurrió en junio de 2020, cuando comparó a los periodistas con sicarios, lo que le valió que la CNDH lo exhortara a no estigmatizar a los comunicadores.
DOMINGO BAHENA EN APRIETOS
Como ya lo habíamos anticipado en este espacio, el ex panista Domingo Bahena Corbalá, secretario general del Congreso del Estado, se acaba de meter en un serio problema legal por falsear testimonios en su despropósito por continuar evadiendo la responsabilidad que se le imputa en el juicio civil que desde hace tres años iniciaron los propietarios de una bodega que el funcionario legislativo ocupa desde diciembre de 2017 y por la que ha dejado de pagar la renta durante 38 meses, así como los respectivos servicios de agua y luz, adeudando un total de 826 mil pesos.
Y es que los abogados de la parte agraviada solicitaron por escrito el pasado miércoles 20 al Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, donde está radicado el Expediente número 681/2018/III, que “comparezca a este H. Juzgado a ratificar o desvirtuar el escrito” que supuestamente presentó el 14 de este mes la persona que recibió el emplazamiento realizado por el licenciado Martín Ruiz Santiago, actuario adscrito del Poder Judicial del Estado, “al demandado Domingo Bahena Corbalá en la calle de María Enriqueta Camarillo número 32 de la colonia Rafael Lucio, de esta ciudad de Xalapa…”
Como ya lo publicamos la semana anterior, esta persona que supuestamente radica en Xaltepec, congregación del municipio de Banderilla, habría presentado a la Oficialía de Partes un escrito con fecha 13 de octubre dirigido al Juzgado Cuarto de Primera Instancia para exponer que “a mi domicilio unas personas que desconozco dejaron unos papeles, que iban dirigidos al C. Domingo Bahena Corbalá, en virtud de que no conozco a la persona que mencioné, es que devuelvo estos, ya que me dediqué a preguntar con vecinos a mi domicilio y nadie dijo conocer a la persona, por lo que, acudí ante la autoridad judicial municipal, y esta de manera verbal me dijo que si yo no era la persona y que si no la conocía los devolviera a su lugar de origen, situación que vengo a hacer de su conocimiento para evitarme problemas futuros”.
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