Al pie de la letra.
Raymundo Jiménez García.
 

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Tarek: El Lozoya jarocho
2021-10-29

A finales de enero de este año, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la sanción económica que en 2018 le impuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Antonio Tarek Abdalá Saad, ex tesorero duartista de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).


Al ex diputado federal del PRI por Cosamaloapan le impusieron el pago de 3 millones 630 mil 606 pesos, una bagatela para “resarcir” el daño que ocasionó a la hacienda pública estatal. Y eso porque según el proyecto presentado por el magistrado Carlos Chaurand Arzate, el ex funcionario interpuso la demanda de nulidad de forma extemporánea, casi tres meses después de que venciera el término legal para impugnar la resolución.


A Tarek Abdalá le está saliendo baratísima su complicidad en el desbarajuste financiero del ex gobernador Javier Duarte, aunque ahora pretenda deslindarse de su ex jefe político. Y es que para salvarse de la prisión, el ex tesorero solicitó desde principios de 2018 –ocho meses antes de que perdiera el fuero legislativo y concluyera la administración priista del ex presidente Enrique Peña Nieto–, un acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para evitar ser juzgado por el presunto desvío de 57 mil millones de pesos provenientes de fondos federales que él manejó y transfirió a diversas cuentas por órdenes de Duarte de Ochoa. Actualmente existen 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas abiertas en la nueva FGR.


El recurso de “criterio de oportunidad”, planteado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, permite a los solicitantes convertirse en testigos colaboradores a cambio de obtener beneficios legales. Este criterio ha sido concedido por el Ministerio Público Federal a varias personas vinculadas con los desvíos del ex mandatario veracruzano actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por lavado de dinero y asociación delictuosa.


La noche de este miércoles, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez, vinculó a proceso a los ex secretarios de Finanzas, Tomás Ruiz González y Fernando Charleston Hernández, así como al ex subsecretario Gabriel Deantes Ramos y a José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de Operación Financiera de la Sefiplan por un presunto desvío de 2 mil millones de pesos del sector educativo, correspondiente sólo al ejercicio fiscal de 2012.


Esta imputación judicializada tiene su origen en una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación y en los testimonios rendidos por Tarek como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Y, según trascendió, con base en sus dichos y las denuncias de la ASF, en breve la FGR estaría por presentar nuevas imputaciones contra otros ex funcionarios duartistas.


En mayo de 2018, siendo todavía diputado federal, el ex tesorero confesó ante la PGR haber efectuado pagos a compañías fantasma por órdenes de Javier Duarte y que en muchas ocasiones era Karime Macías, entonces esposa del ex mandatario, quien decidía el desvío del dinero público, asegurando que cada transferencia que hizo fue por instrucción y conocimiento del ex gobernador y su cónyuge.


Según versiones periodísticas, fueron al menos 9 las dependencias estatales desde las cuales se habrían transferido más de 3 mil 600 millones de pesos a compañías fantasma.


Tarek aseguró que el dinero lo tomaba de partidas públicas que se asignaban a distintas dependencias, y que aun cuando éstas tenían carencias o servicios por cumplir, el dinero era transferido para los fines que decidían el ex gobernador y su esposa Karime.


“Todo esto era aprobado por Javier Duarte. Por lo regular me reunía con él en las noches y me indicaba qué era lo que había que transferir de una cuenta a otra… todo era para hacer  más fácil que se perdiera el rastro”, declaró Abdalá Saad, quien aceptó que fue una de las personas de mayor confianza del matrimonio Duarte-Macías y que por ello estaba encargado de operar los desvíos del dinero público, aunque cínicamente puntualizó: “siempre bajo las instrucciones de ellos”.


 


 


 

 
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