De la Legislatura que se fue no hay nada rescatable. Por el contrario, fue una de las peores, por no decir que la peor en la historia del Estado, por su pobre desempeño.
De la calidad de la diputación de Morena que repite, hablan dos hechos: todo indica que volverán a tener el mismo coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la persona de Juan Javier Gómez Cazarín, y las severas derrotas legales que sufrieron en la Legislatura anterior cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación los apaleó en diversas ocasiones, siendo su más severo fracaso el rechazo a la Reforma Electoral que había sido aprobada el 12 de mayo de 2020, promulgada el 22 de junio siguiente y rechazada finalmente el 23 de noviembre de ese año.
La sesión del 12 de mayo de 2020 exhibió el total borreguismo, la abyección vergonzosa de los diputados de Morena cuando, confirmado después por algunos diputados que votaron a favor de la iniciativa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la aprobaron sin haber sabido qué votaban, ya que violando la ley el documento llegó directo del palacio de gobierno para someterlo a votación, lo que mostró una obediencia ciega de la representación legislativa de un partido hecho gobierno que pregonaba la democracia.
Parte de esa diputación es la que repite, una diputación marcada también por el nepotismo, ilustrado por el caso del diputado Magdaleno “Maleno” Rosales, quien en octubre de 2020 aceptó sin ningún rubor que tenía cobrando a su hijo 15 mil pesos mensuales en la nómina de la Legislatura porque había terminado su primaria y porque esa era una práctica que se venía haciendo en los gobiernos anteriores. El suyo no fue ni es el único caso.
Una diputación, con el apoyo de buena parte de la “oposición”, que no titubeó en aprobar lo que hoy se conoce en Veracruz como la “ley garrote”, una modificación al delito de ultraje a la autoridad contenido en el Código Penal del Estado de Veracruz, que le dio ala ancha al gobierno para meter a la cárcel a quien se le antoje con solo acusarlo de que se le quedó viendo feo a un policía o de que reclamó, usando violencia, porque le estaban violando sus derechos.
No se puede esperar casi nada nuevo cuando, por ejemplo, Juan Javier Gómez Cazarín, en su calidad de presidente de la Jucopo, el equivalente en la práctica a ser titular del Poder Legislativo, acaba de mostrar su total sometimiento a la secretaría de Energía, Rocío Nahle, a quien fue a rendir pleitesía el martes pasado en la ciudad de Coatzacoalcos, en la residencia de la señora.
De acuerdo a lo que él mismo y sus adeptos publicaron en las redes sociales, el pretexto fue para dizque “apoyar y luchar” por la reforma eléctrica, lo que nadie creyó y lo vio más como un acto de adhesión a las aspiraciones de la mujer, quien pretende ser candidata a la gubernatura, de ir a ponerse a sus órdenes.
Habla muy mal de él que no honre y no dé prestancia a uno de los poderes del Estado, que no respete la investidura y que no opte por la buena práctica legislativa, esto es, que si de veras querían expresar su apoyo a la reforma eléctrica, hubieran organizado un acto formal de su bancada en uno de los salones del Congreso, hubieran hecho un pronunciamiento público pero de apoyo al presidente y su iniciativa y, en todo caso, hubieran invitado a la secretaria pero para que ella acudiera a la sede legislativa y no al revés, que se le fueran a rendir hasta su residencia particular.
Peor. La versión es que en realidad se fue a poner de acuerdo con ella sobre cómo van a intentar reactivar la iniciativa de mayo de 2020 que presentó el entonces diputado Amado Cruz Malpica para quitar el candado legal que le impide a la zacatecana ser gobernadora de Veracruz, iniciativa que entonces Gómez Cazarín y sus huestes rechazaron y mandaron a la congeladora.
El Artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz reconoce como veracruzanos a los nacidos en territorio estatal y a los hijos de padre o madre nativos de la entidad aunque hayan nacido en el territorio nacional o en el extranjero, y lo que pretenden ahora es que sean reconocidos como veracruzanos el padre o la madre que hayan nacido en otro Estado pero cuyos hijos sean nativos de Veracruz, es decir, pretenden un traje hecho a la medida de la señora.
Él es, pues, quien va a continuar manejando el Poder Legislativo, pero a quien, a su vez, manejan no solo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sino ahora también la secretaria Nahle, un sometimiento que no augura nada bueno sino un ejercicio del poder al servicio de intereses personales y de grupo.
Juan Javier pintaba bien en sus inicios y echó mucho a perder en su etapa de aprendizaje, y aprendió finalmente pero lo peor de las artes políticas (como dijera Porfirio Muñoz Ledo), de las viejas prácticas del PRI.
Regresa y continúa una diputación que en lugar de profesionalizarse y de hacer valer su autonomía, de responder a la confianza de quienes les dieron su voto, de cambiar para ser diferentes, como pregonaban, son una copia más, pero muy mala, del priismo.
Con ese tipo o clase de diputados se inaugura este viernes la LXVI Legislatura local. Nada nuevo. Todo muy lejos de la expectativa que causaron los morenos a su llegada al poder.
Mientras, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez calienta el brazo para la presentación de su Tercer Informe de Gobierno el próximo fin de semana, para lo cual se está intensificando una campaña mediática para tratar de calentar el ambiente. Con él, de hecho, se estrenará la nueva Legislatura que hoy quedará instalada. |
