Las informaciones apuntan a que los elementos de la Fuerza Civil habrían ingresado al vecino Estado de Oaxaca sin informar a las autoridades del vecino estado, hecho que viola flagrantemente el Pacto Federal en materia de Seguridad y de Gobernabilidad, por la incursión a un estado perteneciente al pacto federal.
Lo grave del hecho no es la incursión en sí misma, sino en manos de quien está la seguridad del Estado de Veracruz.
Y es que hace ya un par de años el tema de la “certificación” de sus autoridades se le cuestionó al mismo gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, advirtiendo que ya se habían realizado los exámenes requeridos, sin que hasta la fecha se hayan exhibido las acreditaciones correspondientes. https://periodicoveraz.com/secretarios-de-sp-y-de-gobierno-en-veracruz-sin-certificacion-de-confiabilidad-y-evaluacion/
Inclusive el tema habría sido llevado al pleno de la Cámara de Diputados Federal el pasado 19 de septiembre de 2019 por parte de la entonces diputada federal del PRD, Norma Azucena Rodríguez Zamora, la cual habría pedido a las autoridades federales en materia de Seguridad a que se difundieran los Certificados de las Evaluaciones de Control de Confianza que obligatoriamente debieron acreditar diversos servidores públicos locales. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/09/asun_3910970_20190919_1569006793.pdf
En el punto de acuerdo presentado al entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño, y al ciudadano gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se solicitaba se acreditará la certificación de los secretarios de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, del de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, la fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns y el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, cosa que nunca presentó públicamente.
El tema escala porque es precisamente a esta ex legisladora federal, a la que le han cobrado especial persecución por parte de los actores citados, mismos que la llevaron a su detención y encarcelamiento el pasado 3 de septiembre de 2021, así casualmente, acusándola presuntamente de haber participado en el homicidio de su ex pareja.
Lo grave del caso se funda en el hecho de que la misma Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que en su artículo 14 fracción XV: “Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley.”
Y es que hasta el momento ese incumplimiento estaría basado en la no acreditación pública de estos funcionarios que integran instancias de Seguridad Pública al participar de manera cotidiana en las Mesas de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ).
Una aparente violación más a la Ley, que pone en serio riesgo a las y los veracruzanos, que vaya usted a saber, en manos de quienes estamos, en relación a esta menuda materia que implica la seguridad pública.
Lamentablemente es un tema más que cae en la esfera del gobernador García Jiménez por la falta de capacidad, conocimiento y honradez de quienes le acompañan en estas tareas.
Al tiempo.
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