Si algo hay que reprocharle a Yunes Linares y su gobierno es la politización de la justicia que al final de cuentas permitió la impunidad de la gran mayoría de los saqueadores duartistas, ya que en un error de cálculo pensó que en 2018 no tendría problemas para retener la gubernatura a través de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. El desenlace de esa historia ya lo conocemos.
Como suele pasar, los extremos se tocan y el gobierno que sucedió al de Yunes Linares, ése que encabeza formalmente Cuitláhuac García Jiménez, ha incurrido en excesos de la misma clase, torciendo la aplicación de la ley y manipulando las instituciones de procuración e impartición de justicia para usarlas en contra de sus adversarios políticos. A veces con lógicas que, de tan extrañas, son razonablemente sospechosas.
Es el caso de la reciente detención del candidato a la dirigencia estatal de Acción Nacional en Veracruz, Tito Delfín Cano, a quien la Fiscalía General del Estado le “resucitó” una causa penal en plena campaña interna y lo detuvo el pasado sábado luego de un encuentro con militantes panistas en el municipio de Álamo, en el norte de la entidad.
La motivación política de la detención de Tito Delfín es burda, descaradamente obvia y representa no solamente el uso faccioso de las instituciones por parte del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, sino una ilegal intromisión en un proceso de elección de un partido político de oposición.
Valga decir que este caso no es nada que no haya hecho antes el régimen de García Jiménez. Bajo la misma tónica, detuvo y encarceló en plena campaña a Rogelio Franco Castán, candidato a una diputación federal plurinominal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien le imputó el inconstitucional delito de moda para abusar del poder en Veracruz: ultrajes a la autoridad.
Sin embargo, llama la atención que en el caso de Tito Delfín -abanderado del grupo yunista del PAN en la elección interna-, la denuncia por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude presuntamente cometidos durante el periodo en que fue presidente municipal de Tierra Blanca, fue presentada el 26 de mayo de 2017 en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Cosamaloapan, lo que dio origen al proceso penal 394/2021. Esto es, la averiguación está abierta desde que Miguel Ángel Yunes Linares era gobernador y al frente de la Fiscalía estaba Jorge Winckler Ortiz, quien por lo visto no la cerró.
A Tito Delfín le fue dictada prisión preventiva de seis meses y la elección interna del PAN es el próximo 19 de diciembre. Si gana -gracias a su victimización, particularmente-, no podrá asumir como dirigente partidista por encontrarse suspendidos sus derechos políticos, como se determinó también en el caso de Rogelio Franco, que no pudo ser diputado federal por la misma causa.
Así que a quien le correspondería tomar la dirigencia panista sería a su compañera de fórmula, la candidata a la Secretaría General, Indira Rosales San Román, ex secretaria de Desarrollo Social de la anterior administración estatal y ella sí, a diferencia de Tito Delfín, integrante del círculo más cercano y de confianza del yunismo.
La misma Indira Rosales que no tuvo empacho en abandonar su curul en el Senado de la República para priorizar el interés político de su grupo, a pesar de las críticas y llamados dentro de su propio partido para que regresara a cumplir con su responsabilidad luego que su suplente, Fabiola Vázquez Saut, apenas rindió protesta dejó la bancada del PAN y se pasó a la de Morena, debilitando a la oposición en el Congreso de la Unión.
¿Coincidencias? En política no suele haberlas. Pero más allá de las mismas, queda claro que entre Cuitláhuac García y Miguel Ángel Yunes no hay diferencia alguna. Tuercen la ley, la usan contra sus opositores políticos y son capaces de lanzarlas para reprimir a la población, así como de hacer pactos inconfesables.
Son los extremos de una misma soga, con la que se terminarán ahorcando a sí mismos.
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