En su fracción primera, el artículo señala: “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.”
Pero desgraciadamente Veracruz sufre de malos funcionarios públicos, de gente que aparentemente docta en la materia, pretende infringir un régimen de control, que no se explica más que por dos circunstancias: una infringir una especie de dictadura, o intentar hacer negocios de orden económico a como dé lugar.
Suponiendo sin conceder que ambas sean las visiones que ciertos funcionarios pretenden infringir a la administración estatal, un tema salta recientemente para el análisis.
Cómo es posible que se pretenda imponer a la sociedad una especie de control para sostener cualquier tipo de acuerdo o relación profesional con el municipio a través de una aparente área del Gobierno Estatal.
Le platico amables lectoras y lectores, pues resulta que, desde la Dirección General de Desarrollo Municipal perteneciente a la Secretaría de Gobierno, se ha orquestado y concretado el maléfico plan.
No es de extrañarnos que, desde áreas de gobierno de esta dependencia, se pretenda un día sí y otro también inmiscuir las narices en temas que no son de su competencia.
Recientemente profesionales de la administración pública observaron cómo desde la Gaceta Oficial del Estado, se estaba oficializando una verdadera violación constitucional a los municipios al publicar precisamente esta aberración.
El actual director de Desarrollo Municipal, Rafael Alejandro Castillo Zugasti, -señalado de haber sido junto a Vicente Benítez uno de los responsables de llevar bolsas de basura repletas de miles de millones de pesos en tiempos de Javier Duarte de la Sefiplan a Casa Veracruz- el responsable de esta violación flagrante a la Constitución.
Y es que el pasado jueves 4 de noviembre de 2021, en la Gaceta Extraordinaria No. 440 con folios 1319 y 1320 se publicaron las convocatorias para el ingreso al Padrón de Consultores y Asesores Externos en materias del ámbito de la administración pública municipal del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal y el Reglamento para el registro, control, evaluación y certificación del padrón de consultores y asesores externos en materias del ámbito de la administración pública municipal del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.
De esta manera, con esta pretendida oficialización el Instituto violenta las potestades de los 212 municipios veracruzanos, es así como:
1. Se invade el ámbito de competencia municipal.
2. Llevar un padrón de proveedores y prestadores de servicios a los municipios es solo de competencia de cada Ayuntamiento.
3. La Constitución dice que no mediará ninguna autoridad intermedia entre el gobierno del Estado y el Ayuntamiento.
4. A todas luces se nota la intención de imponer a los municipios a las empresas, despachos y consultorías que deberán contratar.
5. Invaden competencias del Congreso y del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), quienes, sólo para fines de fiscalización, podrán revisar el padrón de proveedores y prestadores de servicio de cada municipio, pero nunca imponer a los Ayuntamientos a quienes contratar.
La Ley es clara sobre los requisitos que deben llenar las empresas y consultorías, y no es competencia del INVEDEM regular y aplicar esas leyes.
Es claro, en Veracruz o se pretende implementar una dictadura, o el hacer negocios millonarios es el verdadero trasfondo de esta violación a la Constitución.
¿De cuánto será el negocio?
Al tiempo.
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