Los pequeños roces entre el gobernador Cuitláhuac García y el senador Ricardo Monreal por el caso de los seis jóvenes xalapeños que hasta el sábado anterior estuvieron cuatro meses presos por el presunto delito de ultrajes a la autoridad, sólo es un pequeño anticipo de la confrontación política que indudablemente se dejará venir entre el legislador zacatecano, el mandatario veracruzano y otros personajes conforme se acerquen las sucesiones estatal y presidencial de 2024.

Y es que García Jiménez y Monreal Ávila militan en el mismo partido pero ambos tienen proyectos políticos diferentes tanto para la próxima gubernatura de Veracruz como para la Presidencia de la República.

La gran interrogante es si Cuitláhuac y su torpe equipo de gobierno podrán resistir los embates de un animal político tan experimentado como el líder del Senado, quien inclusive ya advirtió que no está dispuesto a someterse al método de la encuesta que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir al candidato de Morena para sucederlo.

En su última incursión en Veracruz, este domingo 19, para responderle al gobernador García Jiménez que “yo no defiendo delincuentes” sino que “defiendo el Estado de Derecho; defiendo los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendettas políticas, que siempre son injustas”, Monreal le hizo a Cuitláhuac “una sugerencia respetuosa: que quienes lo rodean y asesoran no actúen sin freno, y que se haga aconsejar de buenas abogadas y abogados, que aquí en Veracruz sobran, o por hombres y mujeres honorables, de los que esta tierra extraordinaria está llena”.

A principios de enero de este año, por ejemplo, el coordinador de los diputados locales de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, comenzó a autopromoverse en redes sociales y publicaciones digitales como “el mejor operador político” del gobernador, pues pretendía reelegirse como líder de la bancada mayoritaria y presidente de la Junta de Coordinación Política, lo que finalmente consiguió no obstante que su falta de oficio político y evidente ignorancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le hizo coleccionar una serie de reveses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  

Y es que hasta enero de este año, la Legislatura anterior sumó al menos 16 reveses contra decretos y leyes, así como acuerdos del Pleno del máximo tribunal del país. Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas principalmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en un caso por el Poder Ejecutivo federal.

Hace un año terminaron sacrificando a la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso, Georgina Maribel Chuy Díaz, tras el estridente escándalo mediático por el revés de la SCJN a la Reforma Constitucional en materia electoral, aprobada y publicada el 20 de julio de 2020, la cual, meses antes de los comicios locales, pretendía recortar las prerrogativas partidistas y desaparecer los 212 consejos municipales electorales, además de intentar blindar al gobernador de la consulta ciudadana para la revocación de mandato.

El último lance al vacío de la diputación local mayoritaria liderada por Gómez Cazarín fue el polémico Decreto 850, aprobado a finales de marzo pasado, que reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz. Pero el 13 de mayo de este mismo año, casi tres semanas antes de las elecciones, el entonces consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, promovió ante la Suprema Corte juicio de Controversia Constitucional reclamando que “el Ejecutivo Estatal transgredió el pacto Federal al emitir un Decreto que pretende otorgar facultades a las autoridades estatales en materia de Sanidad Animal que corresponden al ámbito de competencia de la Federación  y en particular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural…”

¿Alguien sabe si el “operador político estrella” del gobernador salió a responderle a Monreal?

Este domingo 19, por lo mientras, tal como lo había prometido, el zacatecano envió mediante el oficio JUCOPO/LXV/001/2021 un exhorto respetuoso dirigido a la diputada local Cecilia Josefina Guevara Guembe, para que como presidenta de la mesa directiva de la LXVI Legislatura del estado lleve a cabo las acciones legislativas que correspondan para derogar el tipo penal de ultrajes a la autoridad previsto en el artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz.