Prefacio.

Interesante, la aportación periodística del portal “Animal Político” acerca del ambiente de violencia que se vive en el país. *** El reportaje menciona que Guerrero, Veracruz y Zacatecas (¡otra vez estos dos estados!) figuran como las entidades con los cuerpos policiales más letales, esto es, en donde se han suscitado más enfrentamientos con grupos criminales, y han arrojado más muertes. *** En Guerrero, entre 2018 y 2021 se suscitaron 157 choques armados en los que murieron 94 supuestos atacantes y 19 uniformados. *** En Veracruz, en el mismo lapso, hubo 112 muertos, pero en 338 enfrentamientos en los que fallecieron 16 uniformados. *** En Zacatecas (la tierra de Ricardo Monreal y Rocío Nahle) en los últimos tres años se registraron 140 enfrentamientos en los que murieron 66 presuntos atacantes y 36 policías. *** Estos escenarios de violencia coinciden, además, con los momentos en los que diversos grupos del crimen organizado se han disputado las “plazas”, algo de lo que se está viendo una vez más en territorio veracruzano. *** ¿Pues no que este gobierno no era como los de antes?

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“Me estoy convenciendo cada día más de que hace falta pulirla, pero no creo que lo conveniente sea nada más derogarla porque sí. Delincuentes de muy alto nivel presuntamente fueron detenidos por delitos de ultrajes, están armados y no se dejan detener, obviamente al estar armados van contra los policías”.

Con el inicio del año, el tono de Cuitláhuac García cambió, al referirse al delito de “ultrajes a la autoridad”, que ha sido utilizado por la policía veracruzana –en colusión con la Fiscalía y el Poder Judicial- como instrumento represor.

Al dar sus argumentos, el gobernador miente, pues aunque segura que la intención de la reforma impulsada por él en marzo del 2021 era la protección de los policías (“tuvimos bajas el primer año, alrededor de 30”), en realidad la modificación le deja carta abierta las autoridades para aplicar esa sanción cas a cualquier persona, toda vez que considera como uno de los escenarios posibles (II) que “se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima”.

“Cualquier tipo de violencia” es una expresión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) califica como “ambigua” y que –por lo tanto- se presta para cometer abusos.

En el afán de evadir responsabilidad sobre ese tema, el gobernador advirtió que es el Poder Legislativo de la entidad el responsable de hacer las leyes y, por tanto, es en el Congreso donde se debe debatir la validez de este precepto jurídico, el cual –dijo- “podría perfeccionarse, pero no creo que deba derogarse”.

Esa es la ruta que los asesores jurídicos del gobernador han encontrado para evadir la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que sugirió al gobernador propusiera al Congreso local la derogación de artículo 331 del Código Penal de la entidad.

Hay, sin embargo, una “puerta trasera” para las autoridades de Veracruz, que les permitiría derogar dicho artículo pero aplicar otro (reformado, por cierto, el mismo día en el que se modificó el de “ultrajes a la autoridad”) y que sanciona también (incluso de manera más severa) presuntos actos de violencia contra los elementos policiacos.

El artículo 371 quinquies del mismo Código penal establece que “se impondrán de 7 a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte”.

La percepción que predomina en Veracruz, a raíz de la ola de violencia con la que se inauguró el presente año, es que los cuerpos policiacos de la entidad están más ocupados en reprimir actores políticos de oposición con tipos penales hechos “a modo” que en combatir a los verdaderos delincuentes, esos a los que no les tiembla el dedo para quitarle la vida a un policía.

Esta batalla –la del uso faccioso del delito de “ultrajes a la autoridad”- ya la perdió Cuitláhuac García, por lo que ahora se aferra a conseguir argumentos (de los cuales carece hasta el momento) para mantener en prisión a José Manuel del Río.

Si mediante la intervención de la justicia federal, se consigue la liberación del secretario técnico del Senado, la suma de descalabros obligará al gobernador a cortar al menos una cabeza… antes de que corten la suya.

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Epílogo.

Bien dicen que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Los partidos que integran el supuesto “frente opositor”, esto es PRI, PAN y PRD, hicieron un exhorto al presidente López Obrador y a los gobernadores David Monreal, de Zacatecas; Cuitláhuac García, de Veracruz, y Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, a frenar las masacres y esclarecer los actos de violencia registrados en las entidades. *** En comunicado, la alianza pidió que no se descarte ninguna línea de investigación y se activen los protocolos con perspectiva de género y en materia de derechos humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y sus familias. *** Luego de casi año y medio de defender su caso en tribunales, por fin el magistrado Roberto Dorantes Romero fue reincorporado a su cargo en el Tribunal Superior de Justicia. *** Roberto Dorantes fue separado de su cargo en 2020 por haber llegado a la edad máxima de 70 años que la ley permite para ser magistrado, por lo que inició una lucha legal, toda vez que le fue aplicada la ley de manera retroactiva. *** El Congreso local fue notificado de la obligación de reincorporar al magistrado a su cargo judicial y se ordenó el pago retroactivo de su salario y de todas las prestaciones de ley. *** La pregunta es: ¿quién habrá de pagar por esta pifia, que le habrá de costar al Poder Judicial una millonaria suma? No olvidemos que otros amparos están por resolverse, por lo que el costo de estas acciones (el político y el económico) será gigantesco *** Y aquel que decía que no deberíamos temer la llegada de una cuarta ola de Covid-19, el presidente López Obrador, confirmó este lunes que dio positivo a una prueba para detectar coronavirus. Esta es la segunda ocasión que el mandatario se contagia de esta enfermedad. *** López Obrador aseguró a través de sus redes sociales que se encuentra bien, que no ha presentado síntomas graves, y que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López le representará en sus conferencias matutinas. *** El pasado 7 de diciembre el presidente López Obrador recibió la vacuna de refuerzo contra el coronavirus, cuando arrancó la nueva etapa del plan de vacunación para personas adultas mayores. *** El 24 de enero de 2021 el presidente se contagió por primera vez de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, en el marco de la segunda ola de contagios en el país. *** La ocupación de camas en los hospitales por personas con Covid-19 tuvo un aumento de un punto en las generales que se ubicaron en 21 por ciento y de dos en las que tienen ventilador. Estas subieron a 14 por ciento. *** La Secretaría de Salud informó que la tendencia de la curva epidémica sigue al alza con 188 por ciento más en la última semana de diciembre, con respecto a la semana previa. *** Las defunciones se mantienen en niveles bajos. Entre domingo y lunes se confirmaron 78, con lo que la cifra acumulada llegó a 300 mil 412. *** El domingo se aplicaron 106 mil 564 vacunas contra el coronavirus. De 82 millones 425 mil 639 personas que han recibido las dosis, 91 por ciento ya tiene el esquema completo.

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