Hasta ahí todo iba bien; se puede decir que la reunión creó excelentes expectativas. El problema fue la contraparte, el gobernador Cuitláhuac García en concreto, que 24 horas después defendió la vigencia de ultrajes a la autoridad, e incluso advirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “será gravísimo” si declaran inconstitucional esa ley porque “pondrá en libertad a presuntos delincuentes”.
Que el señor sea un ignorante del derecho y defienda una ley que atropella a los veracruzanos, no es novedad. Pero que alguien que se supone conoce de leyes y es la máxima autoridad en el Poder Judicial le haga segunda eso sí que es grave.
Este domingo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Romero Cruz declaró: “Es aberrante que se derogue ese delito, es aberrante, la policía se va a quedar totalmente desamparada. Comparto con el señor gobernador (sus puntos de vista), la verdad es indignante lo que quieren hacer…. no es posible que muchos ciudadanos y abogados estén abogando porque se derogue ese delito. ¿Qué va a ser de la policía?”.
El mensaje a los diputados de Morena y sus aliados que este domingo tuvieron su primera sesión extraordinaria estaba más que cantado: “O votan a favor de lo que dijo el gobernador y la magistrada… o votan a favor”.
Y votaron a favor 33 diputados, 15 lo hicieron en contra y hubo una abstención.
Pero del otro lado del mostrador se preguntaron: ¿qué va a ser de la ciudadanía?
El boletín oficial dice que la 4T derogó “parcialmente” el delito de Ultrajes a la Autoridad, y en efecto, le quitaron dos fracciones al artículo 331. Pero eso no te exime lector de que te avienten de 6 meses a 7 años de prisión si empujas a un policía o levantas las manos para defenderte de sus ataques.
De nada valió que Marlon Ramírez (quien se negó a firmar el dictamen y votó en contra), advirtiera a sus pares que el gobernador Cuitláhuac García está interviniendo en labores del Poder Judicial y eso viola la autonomía de los poderes; que la presidenta del Poder Judicial (Isabel Romero Cruz) no puede ni debe decirle a los jueces cómo hacer su trabajo; que ningún veracruzano debe ser privado de su libertad por falta de visión jurídica; que la SCJN les corregirá la plana y les echará para abajo el dictamen y que los veracruzanos les reclamarán en el futuro. De nada valieron las protestas de los abogados al conocer el fallo.
Nada, la aplanadora de morena y socios obedecieron las órdenes del amo y votaron en consecuencia.
Es casi seguro que la SCJN declare inconstitucional el artículo 331 del Código Penal, pero también es casi seguro que el gobernador se haga de la vista gorda y no escuche el mandato de la Suprema; como sucede con la CNDH que recomendó derogar el delito de ultrajes.
En lo que son peras o manzanas los policías tienen permiso; cuentan con la bendición del gobernador y de doña Isabel Romero para ultrajar a cualquier hijo de vecino y acusarlo de ultrajes a la autoridad, en la inteligencia de que los jueces les harán más caso que a su presunto victimario.
Ni hablar, hasta ahora van ganando la sinrazón y la represión, patrocinadas por un individuo que juró que no tocaría a sus gobernados ni con la astilla de un tolete porque él no es como los de antes: “Nosotros no somos represores; no somos iguales”.
Vaya con la truculenta broma.
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