El presidente López Obrador n0 sabía –o así lo hizo creer- de qué se trataban los cuestionamientos.
Le pedían su postura respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de derogar el delito de “ultrajes a la autoridad” en el Código Pernal de Veracruz, y el anuncio del mandatario estatal de que enviaría una iniciativa para crear un nuevo delito, con sanciones similares, aunque “con otras palabras”.
Como suele hacer cuando no se preparó para algún tema, el presidente cantinfleó un poco, pero alcanzó a decir:
“Hay que poner por encima siempre las libertades y el respeto a la autoridad se gana (...) Entonces, eso es lo que está pasando, por tu pregunta sobre la Corte, y yo soy partidario que se mantengan las libertades, prohibido prohibir; libertades”.
La respuesta fue tan vaga, que cada quien le dio la interpretación que quiso.
Lo cierto es que, asesorado por especialistas en la materia, la mañana del miércoles el gobernador de Veracruz rectificó y anunció que ya no va a enviar una nueva iniciativa, porque la propia SCJN le dejó una vía jurídica para sancionar a quienes atenten contra las fuerzas del orden.
En efecto, como aquí mismo se anticipó ayer, el mandatario estatal se refirió que no fue invalidado el artículo 371 quinquies, que se refiere a los ataques a los elementos policiacos.
Los abogados que pugnaron por la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, ahora argumentan que el 371 quinquies lo combatirán por la vía del amparo. Eso ya lo podían hacer desde antes de que la Suprema Corte analizara las acciones de inconstitucionalidad, por lo que deben admitir que no cubrieron todos los ángulos de este defecto jurídico.
Como bien lo anunciaron los abogados que se han sumado al Movimiento por la Justicia, para obtener la libertad de aquellos ciudadanos que sólo estén en prisión debido al cargo de ultrajes a la autoridad, lo primero que tiene que suceder es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notifique al Congreso de Veracruz la invalidez del delito, a partir de lo cual ese Poder deberá publicar su derogación en la Gaceta Oficial del Estado.
A partir de ese momento las Federaciones, Barras y Asociaciones de Abogados presentarán solicitudes de sobreseimiento ante los jueces de control con el propósito de que todas las personas procesadas por éste delito recuperen de forma inmediata su libertad.
Los abogados Arturo Nicolás Baltazar, Jhonny Archer Rodríguez, Rosa Hilda Rojas Pérez y Mayela Salazar advirtieron, sin embargo, que la salida de cientos de ciudadanos señalados por ese delito podría generar “un caos”, por las deficiencias del personal y de la tecnología en los juzgados.
Les preocupa, además, esa proclividad de las autoridades estatales para violentar los derechos de los ciudadanos.
“Parece que el respeto a los derechos humanos en Veracruz es un obstáculo a la función de la seguridad, de la persecución del delito, de la función y administración de justicia. Nos preocupa pensar que (la protección de) los derechos humanos le estorba a la autoridad de Veracruz, lo que es característico de un estado de derecho enfermo”.
En síntesis, se puede sugerir que quienes impulsaron el movimiento n contra del tipo delictivo de ultrajes a la autoridad (y en eso se le debe reconocer su aportación al senador Ricardo Monreal) obtuvieron una victoria parcial.
Desde el gobierno estatal y desde el Poder Legislativo hacen sus propias cuentas y consideran que el “empate” (en un duelo que prácticamente tenían perdido) es un gran resultado.
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Epílogo.
Algo que parece ya olvidado, es la tomadura de pelo que vivieron los abogados veracruzanos con la mesa de trabajo a la que se convocó en la Legislatura. *** Salvo un par de juristas inclinados con Morena, la inmensa mayoría de los ahí presentes se manifestó a favor de la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, pero al momento de elaborar el dictamen que se puso a votación del pleno, sus observaciones no fueron tomadas en cuenta. ¿Volverán a acudir a una convocatoria de los legisladores? *** La Secretaría de Salud reportó que este miércoles se aplicaron 286 mil 629 nuevas vacunas, dejando el total de dosis aplicadas en 182 millones 472 mil 333 hasta el momento, mientras que se estima que el 87 por ciento de la población en el país cuenta con al menos una dosis. *** Son 85 millones 261 mil 393 mexicanos vacunados hasta el momento, de los cuales se estima que 78 millones 987 mil 826 cuentan con el esquema completo de vacunación, el equivalente al 93 por ciento de las personas vacunadas. *** Por otro parte 6 millones 273 mil 567 personas han sido vacunadas en un nuevo esquema, lo que representa a un 7 por ciento de la población. *** Se estima que el total de personas mayores de edad en nuestro país son 89 millones 484 mil 507 de los cuales 80 millones 571 mil 388 cuentan con al menos una dosis, lo que representa al 90 por ciento de los mexicanos en este grupo de edad. *** De los 5 millones 808 mil 374 casos de Covid que ha tenido México, 4 millones 809 mil 799 personas se han recuperado mientras que 318 mil 835 han muerto.
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