De cualquier resultado, el INE será acusado para ser desaparecido
Como no hay plazo que no se cumpla, por fin este domingo se llevará a cabo lo que se ha denominado Consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el tema dominante en la agenda políticas y las benditas redes sociales, con manifestaciones a favor y en contra.
Contra el apabullante despliegue de propaganda con lonas, calcomanías en vehículos y espectaculares en los que -con un mismo diseño y mensaje- se pide que asistan a votar a favor de la permanencia de López Obrador.
En contraste, los críticos de la actual administración, aseguran que se trata de un gasto multimillonario que resulta inútil y lo califican como una farsa, porque el presidente no se va a marchar, sea cual sea el resultado.
Si no se alcanza la mínima participación ciudadana, requerida por ley para que los resultados tengan vinculación legal o si sorpresivamente se pide la revocación del poder ejecutivo federal, entonces ya está cantado que se va a culpar al Instituto Nacional Electoral por lo haber hecho la publicidad necesaria, aunque ya se han transmitido hasta el cansancio más de un millón de spots por televisión y radio.
Resulta oportuno el recordar que el tema primordial de la campaña presidencial de López Obrador fue todo el tiempo que duró el de combatir a la corrupción gubernamental, pero que a tres años del gobierno, no se ha metido a la cárcel a los protagonistas del saqueo nacional, del pasado ni del presente.
Por eso es interesante la investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción, - esa que López Obrador acusa de estar patrocinada por los conservadores y el mismísimo gobierno de los Estados Unidos- que en un detallado documento que nos hicieron llegar a Bitácora Politica resumen así: El 2021 marcó la mitad del camino en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con tres años transcurridos es posible identificar las tendencias del actual gobierno y prever los resultados para el tiempo faltante. Una de las más claras y preocupantes es la falta de políticas públicas y acciones claras para combatir la corrupción, a pesar de haber sido una de las principales banderas de campaña del presidente. Los resultados a medio camino en esta materia han sido mucho más discursivos que efectivos.
El presidente ha mostrado un triunfalismo que se repite en casi todas sus intervenciones públicas: la corrupción ha quedado erradicada de la vida pública, ya no hay corrupción, aunque les dé coraje a los “conservas”, ya se acabó porque el presidente no es corrupto y no tolera a los corruptos. Gracias a la honestidad presidencial y el poder de su ejemplo, todos los vicios del sistema político mexicano han quedado neutralizados; la corrupción ya no se fomenta de arriba para abajo.
Lo cierto es que según prácticamente todas las encuestas especializadas —de percepción ciudadana o de medición de actos de corrupción— señalan que México o bien ha retrocedido o bien se ha estancado en materia de corrupción e impunidad. Más aún: la política anticorrupción fue reprobada en abril de 2021 (El Financiero) por la mayoría de los ciudadanos (59 %) y las expectativas de que siga igual o empeore
alcanza el 51 % (Reforma). Más recientemente, Consulta Mitofsky (enero 2022) publicó que 79 % de la población piensa que hay mucha o regular corrupción y sólo 17 % poco o nada.
Ante los casos de corrupción, la respuesta ha sido la misma: descalificar a los denunciantes y justificar y proteger a los involucrados cercanos al movimiento político de López Obrador y a su equipo de gobierno.
En el recuento de los escándalos de corrupción e impunidad de 2020 (nexos, febrero 2021) se demostró la distancia entre los dichos y los hechos. En esta entrega, correspondiente a 2021, la diferencia vuelve a manifestarse. Los casos hablan por sí mismos y los conocemos gracias a la labor de los académicos, la sociedad civil y el periodismo de investigación.
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