Asimismo, en el decreto de marras únicamente se menciona que “el Fideicomiso Público referido debió haber perfeccionado su naturaleza jurídica para reunir las características de una Entidad Paraestatal auxiliar de la administración pública”. Ninguna otra razón legal.
Sin embargo, en el comunicado que difundió en sus redes sociales el propio García Jiménez el martes, se afirman acciones que no se incluyen en el decreto oficial, como que el Acuario de Veracruz “reconoció que se les murió un manatí y queda evidenciado que en su momento ocultaron información”.
En el boletín también aseguran que el Acuario “persiste en ocultar” la disposición final del manatí muerto y hasta especulan con que intentaron deshacerse del mismo.
Y al final, se descaran aduciendo que “queda evidenciado que dejaron operar a una administradora particular que solo defiende sus intereses privados, no aporta nada al interés público y no reporta todos los ingresos que obtiene”. El objetivo siempre fue el manejo del dinero.
Empero, el hecho de que el texto del decreto carezca de una motivación jurídica real, lo vuelve irracional normativamente, así como un acto administrativo arbitrario, de acuerdo con un análisis legal del caso consultado por quien esto escribe. Por lo que según varias opiniones jurídicas, puede ser combatido por la misma vía.
Pero en lo que eso ocurre y llega a un término –lo cual puede tardar incluso lo que resta del sexenio-, un nuevo abuso de autoridad fue perpetrado por un gobierno tramposo, mentiroso y al que la ley y las instituciones le importan un carajo. Vaya, pareciera que aún gobernase Javier Duarte.
Todo esto se explica por la ausencia de Estado de Derecho en Veracruz, misma que fue reflejada exactamente este mismo martes por el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 que dio a conocer la organización World Justice Project.
De acuerdo con los resultados, a nivel general Veracruz ocupa el lugar 23 a nivel nacional en su Índice de Estado de Derecho con un puntaje de 0.38, donde 1 indica la máxima adhesión. Pero los indicadores por separado reflejan una realidad aún peor de un estado malgobernado a partir de la arbitrariedad.
En materia de Justicia Civil, Veracruz aparece en el último lugar del país, al igual que en el apartado de Derechos Fundamentales. En cuanto a Justicia Penal, ocupa el lugar 30; mientras que en Límites al poder gubernamental, se coloca en el lugar 31. En materia de Ausencia de corrupción no llega a la media tabla y está en el lugar 20.
La “traducción” de estos datos es un gobierno autoritario que hace lo que quiere –hasta que la justicia federal se lo echa abajo-, corrupto –no hay mejor evidencia de ello que entregarle el Acuario a Sergio Rodríguez, acusado de extorsión en varias ocasiones previas-, donde no se respetan los derechos humanos –baste recordar los “ultrajes a la autoridad”- y la procuración e impartición de justicia son una vergüenza, con titulares cooptadas y que actúan por consigna del Ejecutivo.
¡Cómo no se iban a robar el Acuario!
Ridículo de la FGE
Y hablando de pisotear el Estado de Derecho, la Fiscalía General del Estado “se lució” este mismo martes, presentando al mediodía a un joven estudiante y repartidor de comida como presunto asesino de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, para por la noche liberarlo pues lo “confundieron” con un homónimo. Ridículo gigantesco del que nadie, hasta el momento de escribir estas líneas, se ha hecho cargo.
De la reparación del daño a la reputación del joven, exhibido y puesto en peligro por la autoridad, ni hablar. Corto se quedó World Justice Project.
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