Este martes 31 de mayo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba por arribar al sur de Veracruz –donde el Jefe del Ejecutivo federal tenía agendado reunirse primero con los encargados del proyecto del Corredor Transístmico y a la mañana siguiente encabezar en el mismo puerto de Coatzacoalcos el evento conmemorativo del Día de la Marina, visita que de última hora canceló–, el gobernador Cuitláhuac García acudió a ese mismo municipio porteño a presidir el acto protocolario en el que los familiares de cuatro jóvenes veracruzanos que fueron desaparecidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante un operativo policiaco realizado el 25 de septiembre de 2015 recibieron una disculpa pública del Gobierno del Estado.

Ciertamente a García Jiménez no le resulta responsabilidad por estos hechos criminales ocurridos hace siete años, pero como titular actual del Poder Ejecutivo del estado tuvo que cumplir con la recomendación 170/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que preside la doctora Namiko Matzumoto Benítez.

Sin embargo, en este acto, el mandatario estatal de Morena, así como la fiscal general Verónica Hernández Giadáns y el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, recibieron de la señora Rosa de Belén González Medrano una serie de reproches, denuncias, reclamos y peticiones que a los servidores públicos en funciones ahora sí les corresponde atender y están obligados a cumplir.

La adolorida madre dijo que esperaba que este acto “sirva para que hagan conciencia, que se toquen el corazón antes de desbaratar familias, para que no haya más impunidad y quienes utilicen el uniforme para actos criminales no escapen a la justicia, que no tengan descanso hasta que sean llevados a los tribunales”.

La progenitora del desaparecido Jacob Vicente Jiménez González le recordó a Cuitláhuac que la declaratoria de emergencia humanitaria realizada al inicio de su gobierno, en diciembre de 2018, no ha rendido los resultados esperados que contemplaba un Programa Emergente para atender la crisis por desaparición de personas.

“Allá afuera el cumplimiento de la ley sigue siendo un tema pendiente (…), su gobierno reconoció la problemática con la declaratoria de emergencia humanitaria, tuvimos confianza en el gobierno que usted encabeza, pero la realidad es que esa declaratoria no ha sido difundida ni ha generado acciones”, reclamó la señora González Medrano.

También apuntó que de acuerdo con los registros oficiales, Veracruz tiene un promedio de 5 mil personas desaparecidas, de las cuales 943, el 16 por ciento, ocurrieron durante este gobierno. Sin embargo, señaló que si bien los primeros dos años de esta administración el entramado institucional estaba dispuesto a escuchar a las familias, desde el 30 de septiembre del 2019 “no hay más espacios donde se garantice audiencia, verdad o justicia”.

Al titular de la SSP, la compungida madre le recordó la responsabilidad que tiene para hacer una institución confiable, pues acusó que “hoy por hoy el personal operativo de la institución que encabeza sigue cometiendo actos de abuso, arbitrariedad, de represión y de actos tan deleznables como la desaparición y la tortura”.

“Tiene un compromiso por construir una institución confiable, capacitada y garante del respeto a los derechos humanos. Y debe erradicar las prácticas donde se haga abuso de la fuerza. Y debe hacer una revisión del personal que permanece activo, y que participó en hechos delictivos”, le encomendó al jefe policiaco que llegó de Monterrey.

Y con Hernández Giadáns se quejó que en la Fiscalía regional de Coatzacoalcos “hay carpetas de investigación que no tienen un apéndice de avance, que los fiscales niegan las copias de las carpetas de investigación, que hay casos abandonados por falta de interés o capacidad, hay fiscales que continúan revictimizando a las víctimas, y se han cerrado carpetas cuando estas involucran a policías de la Fuerza Civil”.