El mandatario veracruzano sin duda está en su derecho de apoyar la opción política de su preferencia, nadie le niega su prerrogativa como ciudadano. Lo que es inmoral –con eso de que se sienten con superioridades de esa índole- y sobre todo ilegal es que promueva sus “simpatías” e intereses desviando recursos públicos.
Para quien entiende sobre los costos de la propaganda político-electoral, sabe que es imposible que “grupos de ciudadanos” de a pie puedan pagar y realizar un operativo de campaña como el que se aprecia en este caso. Y quien tiene el arca abierta para hacerlo ni siquiera ha intentado cubrir sus huellas.
Si algo distingue al morenato gobernante es la manera rupestre, burda, como quebrantan la legalidad. Fue evidente durante la campaña para la absurda y fallida revocación de mandato del presidente López Obrador cómo dilapidaron millones de pesos mientras le escupían de frente a la Constitución. Y a la pobreza del país.
No por nada, Cuitláhuac García se convirtió formal y legalmente en delincuente electoral luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo sancionó por sus violaciones flagrantes a la veda durante el periodo de promoción de la consulta de revocación –facultad exclusiva del INE-, y por lo cual fue ingresado en el Registro de Sujetos Sancionados del organismo jurisdiccional. De verdadero escándalo y vergüenza, tratándose de la primera autoridad del estado de Veracruz.
Pero nada de lo anterior parece acongojarle, habida cuenta de que la sanción no pasa de ahí y por ende, a la clase política “tetratransformada” le sale muy barato violar la ley. Así que siguen en las mismas. Y no solo en apoyo de Claudia Sheinbaum.
El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez está volcado en la promoción política personal de la zacatecana secretaria de Energía federal, Rocío Nahle García, a quien de la misma manera le importan un bledo las leyes y desde hace una semana está en campaña en el estado de Veracruz, por el cual, básicamente, nunca ha hecho nada. Ni como diputada federal, ni como –fugaz- senadora por Veracruz, ni como funcionaria del primer nivel del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Además de los espectaculares colocados en autopistas de la entidad luego de la “inauguración” de las oficinas de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, corren por las redes sociales imágenes totalmente proselitistas que se refieren a ella como “Rocío Nahle Gobernadora 2024”, mientras abraza adultos mayores y personas de extracción humilde, incurriendo en evidentes actos anticipados de campaña. A la más arcaica usanza del viejo sistema político priista que según la “4t” llegó a desmantelar, pero que encontró más conveniente asimilar.
Aunado a ello, y con un cinismo que abruma, el aparato gubernamental de la entidad está siendo puesto a disposición de Nahle. Este sábado, sin justificación real para la reunión, sentaron a todos los directivos de los tecnológicos del estado con la zacatecana que quiere gobernar Veracruz, aunque la Constitución del Estado también se lo prohíba. Peccata minuta.
El juego del candidato/a oficial y oficioso es una de las peores prácticas de ese viejo sistema político priista que encontró en Morena y el lopezobradorismo un nuevo espacio para reproducirse, intacto, sin moverle una coma. Así como exige el presidente que se aprueben sus iniciativas.
Y a como van las cosas, con una oposición partidista sin discurso, sin credibilidad y en muchos casos cooptada por el mismo régimen, la única competencia hacia 2024 parece ser la interna, entre los mismos grupos políticos del morenato, que conforme pase el tiempo sacarán las garras para destrozarse. Quizás será lo único interesante que veamos en la sucesión de 2024.
En medio de todo, queda hecho trizas el estado de Derecho porque como se mencionó antes, le sale muy barato a la clase gobernante violar la ley en México. Escenario perfecto para la restauración autoritaria en marcha.
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