Pero para no ir muy lejos, solamente en mayo pasado se registraron dos mil 910 víctimas de homicidio y feminicidio en el país, lo que convirtió a este mes en el más violento de lo que va de este año. En México se asesina casi por deporte, mientras que las fuerzas de seguridad tienen la orden de dejar hacer y dejar pasar a los criminales, cuyas manifestaciones de violencia son cada vez más salvajes, crueles e inhumanas. Pero el gobierno también los “cuida” porque son “seres humanos”, dice el presidente.
Sin embargo, la violencia desmedida no es la única manifestación de la destrucción del Estado de Derecho en el país. La clase política gobernante no tiene prácticamente ningún freno y quebranta la legalidad ya con absoluto descaro, pasando por encima de la Constitución sin disimulo, consciente de que las sanciones son tan flácidas que bien vale la pena violar la ley en pos de las ambiciones personales.
Lo peor es cuando esas conductas son alentadas por el propio régimen gobernante, al cual literalmente le valen madre las restricciones a la promoción política personal, los actos anticipados de campaña y el desvío de recursos públicos a cielo abierto en el que incurren los aspirantes a ocupar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, con la “bendición” del propio López Obrador, a quien le encanta el juego de la “tenebra” política, tan común en los megalómanos.
Más absurdo resulta todavía que esas restricciones, esos candados legales para evitar la deleznable promoción política personal con cargo al erario fueron impulsados desde la oposición por los mismos que ahora tienen el poder, precisamente porque en ese entonces fueron víctimas de las prácticas que hoy en día tanto disfrutan y aprovechan en su beneficio.
Por si todo lo anterior no fuese suficientemente nocivo, el desprecio por la legalidad adquiere su nivel más monstruoso cuando las instituciones del Estado son manipuladas para usarlas como arietes contra los enemigos políticos o simplemente como armas para reprimir a quien no se somete a lo que digan los poderosos en turno, que seguro creen que el poder les durará por siempre.
El caso de Veracruz en ese sentido es emblemático de todo lo que caracteriza a un régimen decadente. Con el peor sistema de justicia penal de toda la República Mexicana, el gobierno que encabeza formalmente Cuitláhuac García Jiménez es una verdadera vergüenza nacional: persigue a sus opositores, reprime a quienes protestan, legisla con las tripas –cuando legisla algo-, desacredita a la prensa crítica y humilla a la que exhibe sus dislates, mete a la cárcel a inocentes, desvía recursos públicos para promover aspiraciones políticas, se apodera de proyectos exitosos para echarlos a perder mientras vacía sus arcas. La lista podría llenar otra cuartilla.
Cuando el respeto por la ley deja de ser importante y ésta se violenta sistemáticamente, la viabilidad misma del Estado se pone en riesgo. Y eso alienta las conductas antisociales, la inseguridad, la violencia.
Total, ¿la democracia? ¿La ley? ¿A quién chingaos le importa?
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