Solo que, en el último caso, salieron a relucir algunos manejos irregulares de los recursos de los que no se tenía tanta claridad, y que evidencian cómo los “honestísimos” representantes de la dizque “cuarta transformación en Veracruz se “despachan” con la cuchara grande.
Como parte de la respuesta desde el Poder Legislativo contra la empoderada funcionaria del Judicial, este jueves el diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz, presentó un anteproyecto de acuerdo para exhortar a diferentes autoridades a realizar investigaciones sobre los procesos de licitación y adjudicaciones directas del Poder Judicial del Estado de Veracruz, toda vez que existe información sobre prácticas de desvío de recursos en el Tribunal Superior de Justicia.
Lo que expuso el legislador “aliado” de la “4t” es escandaloso: “hay indicios suficientes para encontrarnos ante el otorgamiento de diversos contratos a empresas fantasmas y es que los domicilios fiscales, que obran en los contratos de estas asignaciones, transitan desde los estacionamientos, las vecindades, construcciones en obra negra, lavados de autos, andadores, callejones, a las cuales se les han otorgado millonarios contratos para adquirir material de papelería, mobiliario y equipo de oficina, sanitización, compras de insumos para prevenir contagios de COVID, mantenimiento de aires acondicionados, equipos de cómputo; todo lo anterior, bajo esquemas de adjudicación directa o licitaciones simplificadas, totalmente opacos y ajenos a los criterios de racionalidad del gasto al ser notorios los sobreprecios en los que se adquieren dichos productos”.
Afirmó que “existe la sospecha de que se otorgó un contrato, por una cantidad superior a los seis millones y medio de pesos, para adquirir mobiliario de oficina a una persona física cuyo domicilio fiscal se encontraba, al momento en el que se otorgó, en la ciudad de Martínez de la Torre, y donde hoy en día existe una construcción en obra negra, donde se proyectan locales comerciales y una cuartería”.
De acuerdo con el contrato, dicha persona física inició operaciones en enero de 2019 y para el final de ese año ya contaba con el capital suficiente para soportar una compra millonaria como la otorgada, además que la dueña de la supuesta empresa es una joven que al momento de la transacción contaba con 23 años de edad.
Ramón Díaz mencionó que otro dato relevante lo constituyen los poco más de 14 millones y medio de pesos que se destinaron para sanitizar diversas instalaciones del Poder Judicial, sin que exista constancia de que la persona física a la que se le otorgaron dichos contratos, por adjudicación directa, contara con las certificaciones necesarias para brindar dicho servicio.
En el mismo sentido –continuó- existen viáticos erogados por diversos magistrados en los que “se encuentran duplicadas sus comprobaciones, así como comisiones en las que trasladan cuadrillas de personal para realizar labores de limpieza y jardinería en diversas instalaciones de los distritos judiciales, donde se reportan gastos promedio de más de dos mil pesos diarios por persona”.
“Lo anterior nos lleva a pensar en las diversas situaciones en las que se ha visto envuelta la administración del Poder Judicial del Estado de Veracruz, pasando desde la aplicación de un llamado Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del año 2021, que desvió recursos etiquetados para el pago de los togados, hasta la crisis financiera de la que extrañamente nadie se percató y que provocó la solicitud a esta soberanía de una ampliación presupuestal por un monto de 500 millones de pesos, que según sus cuentas eran necesarios para salir de dicha crisis y que al final, únicamente se otorgaron 200 millones de pesos, de los cuales ni siquiera supimos si lograron ayudar a este poder a salir de la crisis o dejaron pendientes económicos por resolver”.
Todo lo que despepitó Ramón Díaz en su anteproyecto de punto de acuerdo le fue dictado por uno de los involucrados en el conflicto y que siempre ha sabido exactamente lo que pasa en el Poder Judicial, pues operó su abordaje: el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, el personaje en discordia –¡iiuuu!- en el conflicto de marras.
Pero el penoso desaguisado entre la funcionaria y la diputada es también la extensión y reflejo de una disputa política y de poder de dos hombres que acostumbran usar y desechar a las mujeres y que comparten, además de gustos, un mismo objetivo, que es la candidatura de Morena al Senado: el propio Gómez Cazarín y el poderoso subsecretario de Finanzas del estado, Eleazar Guerrero Pérez, quien es el “protector” de la funcionaria del Poder Judicial. Y adicionalmente, primo hermano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, “orgullo de su nepotismo”.
Aunque no siempre, la sangre suele pesar más que las complicidades: este mismo jueves, Cuitláhuac García se reunió con la funcionaria del Poder Judicial, quien publicó sendas fotografías abrazando al titular del Ejecutivo estatal, con lo cual dejó claro que éste no piensa mover un dedo en su contra. Seguramente, porque saldría también embarrado de porquería.
Y “casualmente”, este mismo jueves Gómez Cazarín y Eleazar Guerrero estuvieron en Casa Veracruz, la residencia oficial del gobernador y hasta se tomaron fotos juntos, muy sonrientes. Por cierto, ¿qué hacía ahí un funcionario del Comité Estatal de Morena, de nombre Yair Ademar? ¿Será que los “honestos” usan instalaciones públicas para hacer “grilla” partidista?
La porquería de quienes medran con los poderes públicos en Veracruz ha convertido a éstos en una porquería de poderes. Nada que extrañe ya, en realidad.
Asueto
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