La vieja historia de la presa Yuribia, que de manera cíclica se repite.
Hace ocho años, Javier Duarte firmó un acuerdo con ejidatarios de Tatahuicapan para evitar que cerraran las válvulas de la presa que surte de agua a los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, a cambio de un pago mensual de 2.5 millones de pesos.
En aquella ocasión -28 de diciembre de 2014- el gobierno de Duarte se comprometió a pagar al Consejo de Vigilancia del ejido Tatahuicapan.
En el convenio, suscrito por funcionarios duartistas y representantes del Consejo, se estipula que a cambio de 2.5 millones de pesos mensuales los ejidatarios no cerrarían las válvulas de la presa.
Entre los firmantes estaban el entonces secretario de Gobierno, Erick Lagos; el procurador de Justicia (aún no se le nombrara Fiscal), Luis Ángel Bravo; el secretario de Finanzas, Mauricio Audirac; la presidenta de la Legislatura local, Anilú Íngram, y el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero.
Participaron también el director de la Comisión de Agua de Veracruz, Francisco Valencia; el delegado federal de Conagua, Iván Hillman, y el líder de los ejidatarios, Lino Bautista González.
Una vez que inició su mini-gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que Morena recibía 2.5 millones de pesos mensuales durante el gobierno de Javier Duarte, a cambio de que no se cerraran precisamente las válvulas de la presa Yuribia.
El señalamiento de Yunes Linares estaba respaldado en la filiación política de los líderes del ejido Tatahuicapan, afines a Morena.
Hoy, que las válvulas fueron cerradas nuevamente por los pobladores de la sierra, el gobernador –de Morena- se lava las manos y advierte: “las tres comisiones del agua de esos municipios están municipalizadas. Son los municipios los que tienen que llegar a los acuerdos con la gente que está en los alrededores de la presa Yuribia”.
Los pobladores de Tatahuicapan cerraron las válvulas de la presa Yuribia y exigen el pago de 2 millones 300 mil pesos, para no afectar a más de 800 mil habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
“Uno que otro que quiere hacerse el representante de una comunidad o pueblo sigue esperando las formas de antes, de que hubiera mochadas para ellos (...) cualquier tipo de prebenda, ahora ya no”.
El alcalde de Tatahuicapan Eusebio González negó que la presa Yuribia esté secuestrada por los pobladores, aunque admitió que se encuentran dentro de las instalaciones y que sí soldaron las válvulas para cortar el suministro de agua potable.
Dijo que mientras no exista respuesta de las autoridades de Coatzacoalcos y Minatitlán no abrirán la válvula. El detonante del conflicto, asegura el alcalde, fue que los municipios beneficiados con el líquido no han cumplido con los pagos de la obra de introducción de la red de agua potable, equivalente a 2.3 millones de pesos.
“El pago no es para la autoridad ni para el Comisariado Ejidal, es para la compañía que está haciendo la obra, es lo único que estamos pidiendo. Ellos fueron testigos del arranque de la obra y no sé por qué ahora se niegan a pagar”.
La obra forma parte del proyecto San Gabriel y registra un avance del 90%, de ahí que a Tatahuicapan le urge cubrir el monto a la compañía constructora.
En una minuta firmada el pasado 27 de mayo el ayuntamiento de Minatitlán se compromete a aportar material para dicho obra y Coatzacoalcos ofreció buscar una forma para apoyar, aunque no se comprometieron a cubrir la obra en su totalidad.
El conflicto actual se inscribe, sin embargo, en un contexto de crisis nacional por la escasez de agua potable.
Ya los municipios de la ribera del río Pánuco han levantado la voz para protestar por el intento del gobierno de Nuevo León de sustraer agua de ese afluente. No lo hacen porque les estén robando el líquido (que en la actualidad sigue su cauce y termina en el Golfo de México) sino porque pretenden negociar las condiciones y obtener algún beneficio.
El ayuntamiento de Xalapa año con año aporta recursos económicos y obras al municipio poblano de Huitzilapa, desde donde se toma agua para surtir a la capital de Veracruz.
Se trata de acuerdos sociales. Se está tomando el recurso de un punto lejano y es justo que los habitantes de esos entornos –en la mayoría de los casos grupos muy vulnerables- obtengan algún beneficio por ello.
Obviarlo sería mezquino.
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Epílogo.
Como se comentó ya en este mismo espacio, el proceso interno de Morena, celebrado el pasado sábado, fue un ejercicio fallido. *** Hoy admiten que serán anuladas las votaciones del distrito de Zongolica, donde se dio la quema de paquetería, y la casilla de Nautla, del distrito de Papantla. *** El delegado en funciones de dirigente de Morena, Esteban Ramírez Zepeta reconoció que se registró la participación de personas ajenas al partido, aunque destacó que se logró desarrollar la elección interna en 18 de los 20 distritos electorales. *** El dirigente dijo que será la Comisión Nacional de Elecciones la que legitime los resultados, por lo que toda la paquetería electoral se remitirá a dicho órgano interno de Morena. *** El PAN en Veracruz manifestó su desacuerdo con el traslado del exfiscal Jorge Winckler Ortiz al penal del Altiplano, y anunció que interpondrá una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). *** Jorge Winckler fue trasladado del Penal de Pacho viejo en Coatepec, al de máxima seguridad, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, para que cumpla la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, mientras se desahoga su proceso por los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad, en modalidad de secuestro. *** El presidente estatal del PAN Federico Salomón Molina expresó: “Todo el proceso que se dio con Jorge Winckler es político, por todo lo que le acusan, el proceso no ha sido normal desde su remoción, le tenían que hacer un juicio político y no fue así; desde ahí se ve que el tema es político”.
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