Se ha generado un debate estéril a partir de que el Congreso local dio entrada y finalmente aprobó este martes –con el voto a favor de los 36 diputados de Morena, PT y PVEM, más dos del PAN que estarían por ser expulsados del partido blanquiazul– la adición de una fracción tercera al artículo 11 de la Constitución Política del Estado, que en caso de ser avalada también por al menos 107 de los 212 Cabildos veracruzanos, habilitará legalmente a cualquier ciudadano mexicano a ser gobernador aunque que no sea nativo de Veracruz.

Y es que ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está por encima de toda legislación local, en su artículo 116 establece lo mismo por una reforma que data desde el 17 de marzo de 1987, en el cual se estipula que “solo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.”

Antes de Veracruz, otros 17 estados ya habían armonizado también sus respectivas Constituciones con lo establecido en esta materia por la Carta Magna de la Federación.

¿Por qué entonces tanto repudio y descalificación a lo que popularmente se ha motejado como la “Ley Nahle”, en alusión a la secretaria de Energía, quien es nativa de Zacatecas pero tiene casi 40 años residiendo en el puerto de Coatzacoalcos, donde contrajo matrimonio y dio a luz a sus hijas Rocío y Tania?

¿Habría sido la misma reacción virulenta si la modificación del artículo 11 de la Constitución Política local hubiera sido con expresa dedicatoria para el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued, tampoco oriundo de Veracruz sino nativo del estado de Hidalgo, pero quien desde su infancia llegó con sus padres a vivir a la capital veracruzana, donde en las últimas dos décadas ha generado cientos de empleos y ha ganado sólida fama de empresario honesto, altruista y solidario? 

Además, a diferencia de Nahle, como representante popular y servidor público, Ahued ha ganado tantas simpatías por su cercanía y trato amable con la gente que primero fue el caballo de batalla del PRI para ganar elecciones –inició como alcalde en 2004 y luego fue postulado a las diputaciones federal y local en 2009 y 2013–, y ahora, desde 2018, sigue invicto en las filas de Morena, partido por el que contendió en 2018 a la senaduría, casualmente como compañero de fórmula de la actual titular de la Sener, y tres años después, en la sucesión municipal de 2021, tuvieron que convencerlo de que entrara como bateador emergente para asegurar la alcaldía de Xalapa ante el manifiesto rechazo de los xalapeños por la catastrófica administración del repudiado ex munícipe morenista Hipólito Rodríguez Herrero.

Quién sabe más adelante qué digan las encuestas, pero si hoy fueran las elecciones de gobernador, se ve francamente muy difícil que ganara Morena con una candidata como Nahle, y no porque la secretaria de Energía sea originaria de Zacatecas sino porque carece de sincera empatía con los veracruzanos, aparenta ser antipática, soberbia y autoritaria, y por si fuera poco ha sido estigmatizada por favorecer a sus compadres, familiares y amigos, sembrando justificados prejuicios de que el erario estatal podría administrarlo también con la misma opacidad con que ha manejado la multimillonaria inversión federal destinada en los últimos tres años a la primera etapa de la refinería de Dos Bocas.

DOBLE GOLPE A N.L. TECHNOLOGIES

Los que nos dicen que están de plácemes son los ayuntamientos de Medellín y Tuxpan, que lograron con la decidida intervención del gobernador Cuitláhuac García que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dejara de retener hasta el 45 por ciento de sus participaciones federales que anteriormente se depositaban a un fideicomiso para pagar a la empresa que los defraudó, llamada N.L. Technologies; dicho logro se pudo concretar también gracias a que los Cabildos que les antecedieron, muy bien asesorados, revocaron previamente la concesión y rescindieron el contrato de asociación público-privada.

Esta decisión aliviará las finanzas de los municipios beneficiados y les permitirá instalar los equipos ofrecidos por la contratista (como son las videocámaras y la red Wi-Fi), cubrir oportunamente la facturación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dar mantenimiento apropiado a la red de alumbrado público.

Según nos dicen, el mérito le correspondería al Despacho Aguilar de la Llave y Asociados, S.C. por haber colaborado con ambos ayuntamientos para llevar a buen término un largo proceso que se inició hace más de tres años y que seguramente iniciará una nueva etapa ya que es de esperarse que la empresa afectada impugne legalmente esta acción.