Además de resultar un distractor perfecto frente a otras grandes falencias del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, la resurrección del tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa le devuelve al lopezobradorismo su “causa madre”, la narrativa con la cual socavó hasta la raíz al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Pero sin necesidad de ponerse muy quisquilloso, es evidente que las conclusiones a las que arribó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa son muy similares a las que se plantearon desde un principio: que los 43 normalistas fueron asesinados casi inmediatamente por un grupo delictivo y que hubo agentes de diferentes niveles de gobierno involucrados en el crimen.

Y aquí es donde empiezan los verdaderos dilemas de quienes desde la oposición gritaban lo que hoy no se atreven ni a mencionar: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador clama que se trató de un “crimen de Estado”, lo que implicaría una acción coordinada de diferentes autoridades del más alto nivel en el país que habría llevado a decidir la muerte y desaparición de los normalistas. Incluidos los mandos de las fuerzas castrenses a nivel nacional y en el estado de Guerrero en ese entonces, así como el propio Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que no es otro que el Presidente de la República.

De entrada, en el informe de la Comisión Presidencial no se les menciona y el propio López Obrador ha descartado que, al menos por ahora, existan elementos para responsabilizar al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, a quien esta administración incluso fue a “rescatar” de la prisión estadounidense donde fue ingresado acusado de tener vínculos con el narcotráfico, mismos que el gobierno mexicano, una vez que logró su repatriación, jamás investigó.

El informe de la Comisión centra sus señalamientos en la extinta Procuraduría General de la República y en distintos funcionarios -uno de ellos, Omar García Harfuch, pieza clave de la “presidenciable” Claudia Sheinbaum, lo que le añade “jiribilla” al informe- que habrían montado la versión conocida como la “verdad histórica”, por propias palabras del hoy imputado y detenido Jesús Murillo Karam. Por cierto,

Pero con esos elementos no puede sostenerse tampoco que haya sido un “crimen de Estado”. No si la procuración e impartición de justicia no llegan a quienes tenían a su cargo las más altas responsabilidades en México al momento del homicidio de los normalistas. Asesinato que el lopezobradorismo fuera del gobierno se negó a aceptar, exigiendo su presentación con vida y que hoy, tras cuatro años en el poder, no le ha quedado más remedio que aceptar, cuando siempre fue evidente que era imposible que siguieran vivos.

Lo que salta a la vista es el uso político que siempre se le ha dado y se le sigue dando al caso Ayotzinapa. La narrativa del “crimen de Estado” le dio grandes dividendos electorales al movimiento lopezobradorista y por eso buscan mantenerla a como dé lugar, en la víspera de las elecciones en el Estado de México y de la propia sucesión presidencial.

Pero no puede haber un “crimen del Estado” sin que la cabeza del mismo esté involucrada y se le llame a cuentas. Y no parece que haya intención de ir contra Peña Nieto. Muchos menos, contra los altos mandos militares, a los que López Obrador trata con algodones y consiente como nunca en la historia de México.

El gobierno de la “4t” estaría “catafixiando” las “verdades históricas” por “crímenes de Estado a la carta”, a conveniencia y hasta a la medida.

Por demagogia, para no caer en eufemismos.

El número 15 

Con el de Fredid Román en Chilpancingo, Guerrero, se registran 15 asesinatos de periodistas en México tan solo en lo que va de 2022, lo que perfila a este año para convertirse en el más letal de la historia del país para el gremio reporteril.

Otro rasgo que definirá los tiempos de la “4t”.

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