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Es evidente el grado de descomposición que se vive en el Poder Judicial de Veracruz.
El ejemplo más claro es que su titular, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, se valió de una ilegal dispensa de la Legislatura para mantenerse en el cargo, a pesar de haber cumplido ya la edad límite para ello.
Sometida sin el menor rubor a la voluntad del Poder ejecutivo, la septuagenaria magistrada Isabel Inés Romero ha sido capaz de volverse contra su gente, contra quienes le dan solidez y razón de ser al Poder Judicial: los jueces.
“Un juez que te dicta dos sentencias al año, pues no es un buen juez; hay que quitarlo. Un juez que hace actos de corrupción hay que quitarlo y eso es lo que estamos haciendo”, presumió este jueves Romero Cruz.
Este jueves el portal informativo “Animal Político” presentó los resultados de un estudio realizado por la organización “México Evalúa” con datos actualizados al 2021.
Ese estudio revela que en 29 de los 32 estados del país, los jueces de control dictan más prisiones preventivas “oficiosa” que “justificada”.
Eso se traduce, advierten, en que la mayor parte de las personas que son encarceladas en México sin que se les haya probado que cometieron un delito, terminan en el reclusorio sin mayor debate en las audiencias, y sin que el juez analice si era posible imponer otra medida.
Los delitos por los cuales son encarceladas la mayoría de estas personas, son robo, narcomenudeo o violencia familiar, que no son considerados “graves” en la Constitución, pero en los hechos terminan acaparando las prisiones oficiosas que se aplican todos los días.
“México Evalúa” da a conocer que en estados como Baja California, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz se alcanzó la cifra más alta de aplicación de esta medida: nueve de cada 10 casos, cuando a nivel nacional se impuso a tres de cada cinco personas.
Es evidente que, al menos en Veracruz, ante la falta de respaldo del Poder Judicial, los jueces (a quienes sancionan –y hasta cesan- por dejar en libertad a imputados a los que la Fiscalía no les comprobó responsabilidad alguna) se van por la salida fácil: para conservar su trabajo, prisión automática.
Otro dato recabado por “México Evalúa” refiere que, pese a estar prohibido por la Constitución, al cierre de 2021 se tenía registro de 4 mil 904 personas privadas de la libertad sin sentencia pero con más de dos años en la cárcel, lo que “socava por completo el marco legal que la sostiene”.
El artículo 20 de la Constitución establece que la prisión preventiva “en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho a la defensa del imputado”, ni podrá exceder el tiempo que como máximo de pena se fije al delito que se impute, es decir, que no deberá mantenerse en la cárcel a nadie por un tiempo superior al que se pida en su contra como castigo.
Otro dato en el que destaca –de manera negativa- Veracruz: La prisión preventiva afecta más a las mujeres. En 17 estados se concentran las mayores cifras en perjuicio de las reclusas.
Los datos recabados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 señalan que en Tlaxcala y Chiapas siete de cada 10 mujeres dijeron que entre las razones por las cuales consideran que están en un penal está que las acusaron falsamente de cometer un delito.
En un porcentaje superior al 60% también se encuentran las mujeres consultadas en Veracruz, Colima, Guerrero, Morelos, Estado de México, Tabasco y Tamaulipas, mientras que sobre el 50% están Nuevo León, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Michoacán y Yucatán.
Eso es lo que se consigue cuando, en atención a la línea marcada desde Palacio Nacional, se privilegia (90%) la lealtad, sobre la capacidad (10%).
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Epílogo.
No se confundan. El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) realiza con seriedad y profesionalismo su labor, que es la de revisar que los fondos públicos sean utilizados de forma correcta. *** Este organismo autónomo ha detectado y denunciado las anomalías en las que incurren los entes fiscalizables. Pero la sanción no es su responsabilidad. *** Una vez que se presentan los informes sobre las revisiones a las cuentas públicas, luego de que se les concede a los responsables plazos para solventar las observaciones, el último paso del Orfis –así lo marca la ley- es dar parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se proceda por la vía penal contra quienes no hubieran cumplido. *** El Orfis no mete a nadie a la cárcel, el Orfis no sanciona: el Orfis denuncia y es en la Fiscalía donde se les da seguimiento a esas carpetas de investigación. *** La Secretaría de Salud (SSa) informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 2 mil 973 casos de Covid-19 y 30 defunciones, con lo que de manera acumulada en el país 7 millones 052 mil 928 personas han enfermado y 329 mil 705 han fallecido por complicaciones graves de la infección. *** El reporte de esta tarde indica que la estimación de casos activos es de 18 mil 941, los cuales se encuentran en su mayoría, en tasa por cien mil habitantes, en Ciudad de México, Baja California Sur, San Luis Potosí, Baja California, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Nuevo León.
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