Prefacio.

¿Cómo puede un gobierno exigir a las empresas del sector privado que cumplan puntualmente con sus obligaciones fiscales y que otorguen las prestaciones de ley a sus trabajadores, si no predican con el ejemplo? *** Ese es el caso, lamentable de verdad, del gobierno del estado de Veracruz, en cuyas nóminas hay más de 10 mil trabajadores que carecen de seguridad social y de un nombramiento que les dé certeza en su centro de trabajo. *** Hay, sin embargo, una organización gremial que se ha dado a la tarea de rescatar los derechos humanos de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales y que tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. *** El Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), que encabeza Acdmer Antonio Galicia Campos, sigue tocando puertas en las instituciones para conseguir el reconocimiento de los trabajadores y el goce de las prestaciones a las que tienen derecho. *** “Hay compañeros con hasta 30 años en el servicio, que hasta la fecha no tienen ni su nombramiento definitivo ni la seguridad social. Nosotros tenemos aproximadamente 300, pero en el Gobierno del Estado tenemos conocimiento de que hay más de 10 mil compañeros que ya deberían de tener ese tipo de nombramiento, que el Gobierno le dice base, pero es una confusión porque la base la otorga la misma Ley estatal del Servicio Civil”, afirmó el dirigente sindical. *** Galicia Campos explicó que, de acuerdo con la ley, a un trabajador se le otorga nombramiento definitivo cuando ha cubierto 6 meses laborados. *** Esta omisión del gobierno de Veracruz, por cierto, impacta de manera negativa en las finanzas del IPE. *** “Hay una queja de que el Instituto de Pensiones (IPE) tiene más jubilados que activos, cuando no quieren activar a más de 10 mil trabajadores de base y de confianza que deberían de cotizar”, apunta el dirigente del SEPEV.

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Por más que lo quieren negar las más altas autoridades de Veracruz, lo cierto es que en esta entidad sí existen presos políticos, reos que se mantienen en prisión por la instrucción de un alto mando de la administración estatal.

Quizá el caso más emblemático –que no el único- es el de Rogelio Franco Castán, exdirigente estatal del PRD y exsecretario de Gobierno, en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

La defensa de Rogelio Franco ha demostrado que no existen elementos constitutivos de delito en ninguno de los procesos que la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández, ha abierto en su contra.

Apenas el pasado 13 de septiembre Rogelio Franco cumplió 18 meses en prisión. Está siendo procesado por la presunta comisión de seis delitos en tres procesos penales. Sus abogados han promovido seis amparos principales y en cada uno obtuvieron la protección de la justicia federal. En estos momentos, tres de esos amparos ya fueron confirmados por los tribunales colegiados, quienes ratificaron que se debe dejar sin efecto la prisión preventiva “justificada” así como la vinculación a proceso.

En el proceso penal que se le sigue por el delito de peculado equiparado, el 8 de septiembre, un tribunal colegiado desestimó el recurso de revisión presentado por la Fiscalía y ordenó dejar sin efectos la vinculación a proceso y la medida cautelar. Han transcurrido casi dos semanas de eso, y el juez de control aún no da cumplimiento a la sentencia.

En el proceso por los delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia, la justicia federal le concedió a Rogelio Franco dos amparos: el primero contra la medida cautelar de prisión preventiva, y el segundo contra la vinculación a proceso.

El proceso más avanzado es por los delitos de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública. En marzo de 2020, un juez de Distrito determinó dejar sin efecto la vinculación a proceso y ordenó su libertad inmediata. A pesar de la evidente debilidad de la denuncia, la Fiscalía presentó un recurso de revisión que deberá resolverse a finales de este mes.

Frente a tanto descalabro jurídico, funcionarios del gobierno estatal y de la Fiscalía han dicho que Rogelio Franco esta privado de la libertad por el delito de “violencia familiar”, lo que resulta falso, pues no han podido vincularlo a proceso.

Apenas hace unos días el Segundo Tribunal Colegiado con sede en Boca del Río determinó dejar sin efecto la orden de aprehensión por violencia familiar por contener “vicios de fondo”, por lo que fiscalía no podrá emitir una nueva orden de aprehensión sobre ese tema. Aun así fiscalía intenta vincularlo a proceso para mantenerlo en prisión, aunque es un delito que amerita prisión preventiva, mismo caso de todos los otros delitos que le imputan.

En todos estos casos, como en muchos más, queda en evidencia que el Poder Judicial del Estado de Veracruz actúa bajo consigna, atendiendo los intereses de “su jefe”, el titular del Poder Ejecutivo.

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Epílogo.

¿Cómo se atreven a hablar de un “descenso en las tasas delictivas” en Veracruz, cuando casi cien personas son asesinadas cada mes en esta entidad? *** La seguridad no ha mejorado un ápice en Veracruz, y la desconfianza en las instituciones es cada día más grande. Sigue habiendo muy pocos policías municipales y estatales, y los que hay, han sido seducidos por la delincuencia organizada. *** La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, rechaza que ese organismo esté siendo presionado para que acceda a “limpiar” las cuentas públicas de municipios o dependencias estatales. *** Cuando está a unos días de presentar el Informe de la Cuenta Pública 2021, la titular del Orfis advierte que ni lo han intentado (presionar) ni ella lo permitiría. Y recordó que faltan poco más de 2 años para que concluya la administración de Cuitláhuac García y no todo su gabinete está en orden, pues en algunas dependencias siguen sin atender las observaciones. *** Llama la atención que pusiera como ejemplo a la Secretaría de Finanzas y Planeación que –dijo- aún no pone al corriente todas sus plataformas y sistemas. De eso nada ha dicho su titular, José Luis Lima Franco. *** Este martes la señora Clemencia García, madre de Luis Ángel Bravo García (hijo del exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras) acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia en contra de Macario Schettino, por una agresión que hizo en contra de su hijo. *** La señora señaló que Macario Schettino Rodríguez (hijo del empresario arrocero Pedro Schettino) en días pasados agredió a su hijo sin motivo. *** “Entiendo la difícil situación para los padres de Macario, pero de verdad les juro que le haremos un favor, ya que si este muchacho no tiene un freno, un castigo ejemplar, lo que viene será catastrófico”, comentó la madre de la víctima. *** Lo declarado este martes por Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), es realmente preocupante: Señaló que los mandos policiacos estatales y municipales han sancionado al 20% de los sujetos señalados en las recomendaciones por excederse en el uso de la fuerza o por un uso abusivo de sus funciones. *** Esto es, que sólo se acata una de cada cinco recomendaciones. ¿Y el castigo para las autoridades omisas? *** La Secretaría de Salud reportó que la cifra de fallecimientos a causa de la Covid-19 ascendió a 329 mil 920, luego de que este martes se registraron 21 nuevos decesos. *** La dependencia federal notificó 2 mil 301 nuevos casos confirmados de coronavirus, por lo que el acumulado de contagios desde que llegó la enfermedad al país es de 7 millones 073 mil 203 casos. *** Ante el descenso constante registrado en los principales indicadores sobre Covid-19 en México, la Secretaría de Salud dio a conocer que dejará de entregar su Informe Técnico Diario sobre casos y decesos y sólo ofrecerá información sobre el avance de la pandemia de forma semanal.

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