Hasta antes de este miércoles 21 nadie se explicaba por qué, a pesar de las denuncias bien
sustentadas que entre 2016 y 2019 presentaron representantes legales de la Sección 32 del
SNTE y altos funcionarios del gobierno del estado y del Órgano de Fiscalización Superior
(ORFIS) en contra del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ante la Fiscalía General
de la República (FGR), ninguna ha procedido y ni siquiera lo han molestado con algún
citatorio o declaración ministerial.
El 4 de junio 2019, por ejemplo, el entonces auditor general del ORFIS, Lorenzo Antonio
Portilla, presentó una denuncia de hechos ante la sede central de la FGR en la Ciudad de
México contra la administración del panista por la contratación de 6 mil 324 cámaras de
videovigilancia, por las cuales el gobierno de Yunes pagó anticipadamente mil 100
millones de pesos a la empresa COMTELSAT a pesar de que el 72% no servían.
Dos meses antes, el 9 de abril de ese mismo año, en calidad de representantes de la
administración pública estatal, los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric
Cisneros Burgos y Hugo Gutiérrez Maldonado, respectivamente, presentaron también
denuncia penal en contra de Yunes ante la Delegación de la FGR en el puerto de Veracruz
por el fraudulento contrato del llamado Sistema Estatal de Videovigilancia.
Pero anteriormente, el 8 de agosto de 2016, recién pasadas las elecciones en las que se
impuso al priista Héctor Yunes Landa y a Cuitláhuac García, de Morena, Yunes Linares fue
denunciado por la Sección 32 del SNTE de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ante
la FGR en la Ciudad de México.
Javier Martínez, representante Jurídico del sindicato magisterial, señaló que de 2006 a 2010
en que se desempeñó como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Yunes había autorizado un sistema de préstamos a los
maestros que beneficiaron a tres empresas cuyos accionistas eran él, su esposa y sus tres
hijos.
El abogado explicó que los montos otorgados al magisterio eran descontados a través de la
nómina de los profesores, quienes pagaron intereses altos por el dinero solicitados a través
de préstamos a la financiera Consupago –filial del grupo empresarial Chedraui, cuyos
ejecutivos son muy allegados al ex gobernador del PAN–, la cual triangulaba los cobros y
ganancias con las empresas Cobranza y Recuperación, Corporate Linkage e Intermediación
Corporativa, de la familia Yunes Márquez.
