Con su proverbial desprecio por la legalidad cuando ésta le estorba, López Obrador afirmó que la “consulta” no la organizaría el INE, como establece la Constitución, sino la Secretaría de Gobernación. Obvio, para “cantar” el resultado que ellos quieran “aun cuando no sea vinculante”.
Algo así como cuando se “cayó el sistema” en las elección presidencial de 1988 y después de ir perdiendo, salió “victorioso” el candidato del PRI Carlos Salinas de Gortari. Comicios cuya organización estuvo en manos, precisamente, de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular en ese entonces no era otro que Manuel Bartlett, antes acusado por la izquierda de delincuente electoral –entre otras cosas- y hoy “ínclita” figura de todo lo que representa la “4t”. Literalmente.
A todas luces, se trata de una intentona completamente fuera de la mínima normalidad legal. No solo porque la única institución facultada constitucionalmente para organizar consultas populares es el Instituto Nacional Electoral, sino porque la misma Constitución prohíbe someter a este tipo de ejercicios temas relacionados con la seguridad nacional y el funcionamiento de las fuerzas armadas.
A la letra, el texto constitucional establece en el artículo 35, fracción VIII, numeral 3, que está prohibido realizar consultas sobre “la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”. Por el camino legal, no hay para dónde hacerse. Pero ya sabemos que la ley no le importa a la “cuatroté”.
Este lunes, López Obrador manifestó que “no se le va a llamar ‘consulta’, porque tiene que buscarse el marco legal apropiado”, y señaló que “pueden ayudar los gobernadores, pueden ayudar los presidentes municipales, pueden ayudar las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos, todos, todos…”
Lo que se desprende de lo que hasta ahora se ha expuesto sobre la “consulta”, es que el gobierno de la República pretende hacer una especie de “sondeo de Estado” para, a través de una campaña de propaganda –que ya hemos visto, eso sí lo saben hacer muy bien, quizás sea lo único- dirigir a la población hacia la idea no solo de aceptar, sino hasta de demandar la militarización total del país. Y con ello, presionar al Congreso de la Unión, si no es que hasta desconocer sus decisiones.
Y ahí entraríamos en un terreno verdaderamente grave. Si el gobierno dice que el “pueblo” quiere la militarización y con esa base la impone, ignorando al Congreso y a la Constitución, incurriría en un autogolpe de Estado. Ni más ni menos. Y no es mera especulación.
El actual régimen ya ha tomado decisiones esperpénticas con base en ejercicios sin base legal alguna, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que también se justificó a partir de una “consulta” sin validez, que no cumplía con ningún precepto legal y que a pesar de ello, fue presentada como la expresión de la “voluntad del pueblo”.
Hace poco más de un año, en este mismo espacio hablamos del “bonapartismo”, una práctica para justificar decisiones autoritarias con el velo de la “voluntad del pueblo” que fue usada por déspotas para mantenerse indefinidamente en el poder en los siglos XIX y XX.
En esa entrega de la Rúbrica de junio de 2021, se cuestionó: “con la militarización de México agigantándose y un régimen que cada vez se muestra más intolerante y agresivo con la pluralidad y la crítica –y que con base en una consulta ilegal ya tomó una decisión demencial, la cancelación de un aeropuerto-, ¿qué cree usted que se les pudiera ocurrir ‘consultar’ hacia el final del sexenio?”.
Pues bueno, no pasó mucho tiempo para saberlo. Está trazada la ruta para “legitimar” la instauración de la autocracia definitiva.
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